«No se defiende a Colombia estigmatizando a sus soldados y policías, ni se honra a la Fuerza Pública encubriendo sus errores. Se la defiende con verdad, justicia, dignidad y memoria». JRoU
UN PAÍS QUE DESLEGITIMA A SUS SOLDADOS Y POLICÍAS TERMINA DEBILITANDO SU PROPIA DEFENSA.
Un amigo veterano me decía algo que merece una reflexión profunda y que, a mi juicio, tiene argumentos que no podemos ignorar.
Durante décadas, buena parte de la clase política colombiana, en su afán de conquistar el poder, sumar admiradores y capitalizar el descontento social, ha contribuido a construir un relato en el que las Fuerzas Militares y la Policía Nacional aparecen, de manera generalizada, como instituciones de opresión, abuso y vulneración de los derechos humanos, especialmente contra campesinos, jóvenes y comunidades vulnerables.
¿El resultado? Una brecha creciente entre la ciudadanía y quienes tienen la responsabilidad constitucional de protegerla.
Cuando los errores individuales se convierten en condenas colectivas; cuando se silencian los sacrificios de miles de hombres y mujeres que han servido a Colombia, y cuando se desconoce el costo humano que ha pagado la Fuerza Pública en su lucha contra organizaciones criminales, se termina alimentando la desconfianza institucional y abriendo espacios para discursos ideológicos que presentan al Estado y a sus defensores como enemigos del pueblo.
Esto no significa negar los abusos, justificar conductas criminales ni desconocer a las víctimas. Todo acto ilegal cometido por un integrante de la Fuerza Pública debe investigarse, juzgarse con independencia y sancionarse cuando corresponda. Pero una cosa es exigir justicia y otra, muy distinta, convertir las faltas individuales en una condena permanente contra toda una institución.
La responsabilidad penal es individual. El honor institucional se construye con hechos, transparencia y servicio.
También hay una realidad política que merece discusión: las leyes que regulan la seguridad, la justicia, la defensa y las condiciones de los veteranos son debatidas y aprobadas por el Congreso. Allí se definen derechos, obligaciones, presupuestos y políticas públicas que afectan directamente a soldados, policías, veteranos y sus familias.
Sin embargo, cuando quienes representan a la Fuerza Pública en el debate público carecen de respaldo suficiente en los escenarios legislativos, defender sus necesidades se convierte en una tarea cuesta arriba. Las instituciones no pueden depender de favores políticos ni de discursos oportunistas; necesitan políticas de Estado, representación responsable y ciudadanos dispuestos a exigir resultados.
Los uniformados no deben estar por encima de la ley, pero tampoco pueden ser tratados como ciudadanos de segunda categoría. Quienes han arriesgado su vida por la seguridad nacional merecen respeto, garantías jurídicas, atención digna durante el servicio y después del retiro, así como reconocimiento por sus sacrificios.
Por eso, los veteranos, los militares y policías retirados, sus familias y los ciudadanos que creemos en la democracia debemos participar en el debate público con argumentos, memoria histórica y propuestas. No para promover privilegios, perseguir contradictores o justificar abusos, sino para defender el equilibrio entre los derechos humanos, la seguridad ciudadana, la autoridad legítima y el cumplimiento de la Constitución.
Callar ante la estigmatización injusta no contribuye a la reconciliación. Defender a la Fuerza Pública tampoco exige guardar silencio frente a sus errores. Exige tener la misma vara para todos: justicia para las víctimas, responsabilidad para los culpables y reconocimiento para quienes han servido honradamente.
COLOMBIA NO NECESITA UNA SOCIEDAD ENEMISTADA CON SUS SOLDADOS Y POLICÍAS. NECESITA INSTITUCIONES ÍNTEGRAS, JUSTICIA IMPARCIAL Y UNA CIUDADANÍA QUE NO RENUNCIE A LA VERDAD.
Porque defender a Colombia también significa defender a quienes la protegen, exigir que actúen dentro de la ley y reclamar que el Estado nunca abandone a quienes vistieron su uniforme al servicio de la patria.
El patriotismo no se demuestra con el silencio. Se demuestra defendiendo los principios, exigiendo justicia y protegiendo las instituciones democráticas.
José Rodrigo Umaña Martinez
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