Llamemos las cosas por su nombre
Una democracia sólida debe partir del reconocimiento de la realidad y no de eufemismos políticos. Los hechos, las conductas y las actividades deben ser definidos por lo que son y por las consecuencias que generan sobre la sociedad. Cuando una organización recurre al secuestro, la extorsión, el asesinato, el reclutamiento forzado o los atentados contra la población civil, sus acciones deben ser analizadas y juzgadas conforme a la ley y a los hechos comprobados.
El debate público puede tener distintas interpretaciones sobre las causas, motivaciones o evolución de los grupos armados ilegales. Sin embargo, las víctimas merecen que la verdad no sea relativizada ni acomodada a intereses ideológicos. La claridad conceptual es fundamental para comprender la magnitud de los desafíos que enfrenta Colombia y para construir soluciones eficaces dentro del Estado de Derecho.
Nombrar correctamente los problemas no los resuelve por sí solo, pero sí constituye el primer paso para enfrentarlos con responsabilidad, transparencia y respeto por la verdad.
Algunos sectores sostienen que grupos como el ELN o las disidencias de las FARC han perdido gran parte de su carácter ideológico original y hoy obtienen la mayor parte de sus recursos de economías ilícitas como el narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión y el secuestro. Desde esa visión, serían organizaciones criminales con motivaciones principalmente económicas.
Otros analistas señalan que, aunque estos grupos participan ampliamente en actividades criminales, siguen manteniendo discursos, estructuras y objetivos políticos, por lo que continúan siendo considerados guerrillas insurgentes además de organizaciones involucradas en el narcotráfico.
La controversia surge porque la forma de definir a estos actores puede influir en las políticas de seguridad, negociación y justicia. Quienes critican al gobierno consideran que minimizar el componente terrorista o insurgente puede conducir a una lectura equivocada del conflicto. Quienes apoyan esa interpretación argumentan que reconocer la dimensión criminal permite enfocar mejor la lucha contra sus fuentes de financiación.
Como artículo de opinión, podría expresarse así:
¿Guerrillas insurgentes o cárteles criminales?
El debate sobre la naturaleza de los grupos armados ilegales en Colombia no es un asunto semántico, sino una discusión que define la política de seguridad nacional. Para muchos colombianos resulta preocupante que se diluya el carácter terrorista de organizaciones responsables de secuestros, atentados, extorsiones y asesinatos. Aunque estas estructuras han encontrado en el narcotráfico su principal fuente de financiación, ello no borra décadas de violencia contra la población civil ni su capacidad de desafiar al Estado.
La sociedad tiene derecho a exigir claridad conceptual y rigor institucional. Nombrar adecuadamente las amenazas es el primer paso para enfrentarlas eficazmente y para garantizar verdad, justicia y reparación a las víctimas del conflicto armado colombiano.
JRoU