El síndrome socialista progresista del nepotismo
Colombia e Iberoamérica: el poder convertido en botín familiar
En Colombia y gran parte de Iberoamérica, el socialismo progresista no llegó para desmontar las élites: llegó a reemplazarlas por clanes propios. Cambió el apellido del privilegio, pero no la práctica del abuso. El resultado es un nepotismo sistemático, disfrazado de justicia social y legitimado con retórica moral.
El discurso promete igualdad, pero el ejercicio del poder revela otra cosa: familias incrustadas en el Estado, amigos convertidos en funcionarios, activistas premiados con cargos y contratos. No gobierna el mérito, gobierna la lealtad ideológica. No se administra lo público, se reparte.
En Colombia, este síndrome se expresa con crudeza. Ministerios, agencias, embajadas, entes de control y programas sociales se transforman en bolsas de empleo político. El mensaje es claro: quien milita, quien aplaude, quien calla, asciende. El ciudadano común observa cómo la meritocracia se evapora y el Estado se vuelve una extensión del partido y del círculo íntimo del poder.
En Iberoamérica el patrón se repite con precisión quirúrgica. Gobiernos que llegaron denunciando la “corrupción neoliberal” terminaron institucionalizando el amiguismo, normalizando la mediocridad y blindando a los suyos. Se habla de “pueblo” mientras se gobierna para una rosca ideologizada. Se ataca a la prensa, se desacredita a la justicia y se estigmatiza al disidente para proteger el negocio del poder.
Este nepotismo progresista es más peligroso porque se justifica moralmente. No se presenta como abuso, sino como “confianza política”. No se reconoce como corrupción, sino como “proyecto colectivo”. Así, el fracaso se recicla, la incompetencia se premia y el Estado se debilita desde adentro.
Las consecuencias son evidentes: instituciones capturadas, servicios públicos deteriorados, inseguridad creciente y una ciudadanía cada vez más desconfiada. Cuando el poder se hereda entre cercanos, la democracia se vacía y la república se convierte en patrimonio privado.
El síndrome socialista progresista del nepotismo no es un error: es un método. Un método para perpetuarse, para blindarse y para confundir ideología con impunidad. Mientras no se denuncie con claridad, Colombia e Iberoamérica seguirán atrapadas en gobiernos que prometen cambio y entregan más de lo mismo, pero con discurso revolucionario.
El socialismo progresista en Colombia y buena parte de Iberoamérica prometió desmontar privilegios. Juró acabar con las castas. Señaló con el dedo a las élites tradicionales. Pero cuando llegó al poder, no destruyó el sistema: lo ocupó.
No erradicó el nepotismo.
Lo perfeccionó.
Hoy el Estado no es un instrumento de servicio público: es un botín ideológico. Ministerios convertidos en trincheras partidistas. Embajadas asignadas por afinidad. Contratos repartidos entre amigos. Cargos estratégicos ocupados por activistas sin experiencia pero con fidelidad comprobada. La consigna es clara: primero los nuestros.
En Colombia, el discurso de la igualdad convive con una práctica descarada de favoritismo. Se habla de justicia social mientras se consolidan círculos cerrados de poder. Se denuncia la “corrupción histórica”, pero se institucionaliza una nueva forma de clientelismo con estética progresista y narrativa moral.
En Iberoamérica el patrón es idéntico:
Gobiernos que llegaron con pancartas anticorrupción y terminaron blindando a su propio entorno. Cambiaron los apellidos, pero no la lógica. Cambiaron el relato, pero no el reparto.
Este nepotismo progresista tiene algo más grave que el tradicional: se disfraza de virtud.
No se presenta como privilegio, sino como “confianza política”.
No se reconoce como amiguismo, sino como “coherencia ideológica”.
No se asume como captura del Estado, sino como “transformación histórica”.
Y mientras tanto:
La meritocracia se vuelve sospechosa.
La crítica se etiqueta como “enemiga del cambio”.
El disenso se convierte en traición.
El resultado es un Estado más débil, más costoso y menos competente. Porque cuando el criterio para gobernar no es la capacidad sino la lealtad, la mediocridad se vuelve política pública.
Colombia enfrenta hoy ese dilema: ¿Estado para todos o Estado para la rosca?
Iberoamérica ya conoce la respuesta cuando la ideología se convierte en blindaje y el poder en patrimonio.
La verdadera revolución no fue contra la élite.
Fue el reemplazo de una élite por otra, más moralista en el discurso y más cerrada en la práctica.
Y mientras el ciudadano paga impuestos, soporta inseguridad y enfrenta servicios deteriorados, observa cómo la “transformación” terminó siendo lo de siempre:
el poder como herencia, la lealtad como moneda y el Estado como premio.
Y la historia, implacable, terminará escribiendo lo que hoy muchos prefieren callar: que no fue una revolución moral ni una transformación social, sino la captura del Estado bajo nuevas consignas y viejas prácticas.
Porque cuando la igualdad se usa como excusa para repartir poder entre leales, cuando la justicia se invoca para blindar a los propios y cuando el discurso sustituye al mérito, la democracia deja de ser república y se convierte en facción.
Los pueblos pueden tolerar errores.
Pueden soportar crisis.
Pero tarde o temprano se rebelan contra el engaño.
Y cuando ese momento llegue, quedará claro que no cayó un proyecto político:cayó la máscara.
JRoU
