COLOMBIA AL REVÉS: EL CRIMINAL DISPARA Y EL ESTADO SE EXPLICA
Mientras el ciudadano pone los muertos, algunos pretenden que el Estado pida permiso para defenderlo
¡Despierten, señores!
En Colombia parece que inventamos una nueva fórmula de seguridad: el delincuente dispara, extorsiona, secuestra y asesina; mientras el Estado tiene que sentarse a explicar si puede responder.
¡Qué maravilla!
El criminal tiene fusil, explosivos, sicarios, rutas del narcotráfico, redes de extorsión y control territorial.
El Estado tiene Constitución, jueces, procedimientos, recursos, términos, competencias, tutelas, apelaciones y, si tiene suerte, un abogado que le explique por qué todavía no puede actuar.
Y mientras tanto, el ciudadano que se joda.
Porque esa es la Colombia que algunos parecen querer normalizar.
El campesino amenazado espera.
El comerciante extorsionado paga.
La familia desplazada huye.
El niño reclutado desaparece.
El policía recibe un ataque.
El soldado muere.
Y desde algún escritorio aparece la pregunta trascendental:
“¿Pero el operativo cumplió todos los requisitos?”
¡Claro que la ley debe cumplirse!
Pero hay una diferencia enorme entre controlar constitucionalmente al Estado y paralizar su capacidad legítima de defender a la población.
EL CRIMINAL NO LLEVA CÓDIGO PENAL EN EL BOLSILLO
Seamos serios.
El secuestrador no consulta la Constitución antes de secuestrar.
El extorsionista no presenta una solicitud respetuosa antes de cobrar la vacuna.
El narcotraficante no pregunta si puede transportar la cocaína.
El asesino no solicita autorización administrativa para apretar el gatillo.
El terrorista no manda un derecho de petición antes de poner una bomba.
Entonces resulta bastante curioso que el Estado democrático tenga que actuar como si estuviera enfrentando a un adversario que juega con las mismas reglas.
No las juega.
Nunca las jugó.
Y precisamente por eso existen las Fuerzas Militares y la Policía: para garantizar el orden constitucional, proteger a la población y enfrentar las amenazas dentro del marco jurídico.
PERO CUIDADO: UNIFORME NO SIGNIFICA CARTA BLANCA
Aquí también hay que hablar claro.
Que el Estado tenga derecho a combatir organizaciones armadas no significa que militares o policías puedan hacer lo que quieran.
No.
La Fuerza Pública está sometida a la Constitución y a la ley.
Los jueces tienen la obligación de controlar los abusos.
La Fiscalía debe investigar los delitos.
La Procuraduría debe ejercer sus competencias.
Y quien abuse de su autoridad debe responder.
Pero tampoco puede convertirse cada control judicial en una especie de chaleco antibalas institucional para las estructuras criminales.
Una cosa es controlar al Estado.
Otra, muy diferente, es desarmarlo jurídicamente mientras el delincuente conserva sus armas.
¿CORRUPCIÓN? ¿PREVARICATO? ¡PRUEBAS, SEÑORES!
Y aquí toca poner otro punto sobre la mesa.
Cuando alguien acusa a un juez de corrupción o prevaricato, que presente las pruebas y que las autoridades competentes investiguen.
Porque tampoco vamos a reemplazar el Estado de derecho por el Estado de la acusación en redes sociales.
Pero si existe una decisión judicial que restringe una operación militar, el ciudadano tiene todo el derecho a preguntar:
¿Cuál fue el fundamento?
¿Qué amenaza enfrentaba la población?
¿Qué derechos estaban en conflicto?
¿Qué consecuencias produjo la decisión?
¿Quién quedó protegido?
¿Y quién quedó expuesto?
Preguntar no es atacar la justicia.
Exigir transparencia es democracia.
LA NUEVA RELIGIÓN: TODO MENOS LA AUTORIDAD DEL ESTADO
Y aquí llegamos al terreno político.
Durante años, Colombia ha discutido diferentes modelos para enfrentar la violencia: operaciones militares, negociación, sometimiento, desmovilización, acuerdos de paz y diálogos con organizaciones armadas.
El gobierno de Juan Manuel Santos impulsó el proceso de paz con las FARC.
El gobierno de Gustavo Petro ha desarrollado la política denominada “Paz Total”, basada en negociaciones y diálogos con distintos actores armados.
Sus defensores sostienen que la negociación puede contribuir a reducir la violencia.
Sus críticos sostienen que determinadas concesiones pueden debilitar la autoridad estatal.
Eso se puede discutir.
Lo que no se puede hacer es convertir una posición política en una verdad revelada.
La paz se mide también por lo que ocurre en las calles, en las veredas y en los territorios.
Porque una cosa es negociar con quienes quieren abandonar las armas.
Y otra muy distinta es permitir que quienes continúan extorsionando, asesinando, secuestrando y traficando terminen convirtiéndose en poderes territoriales.
EL PROGRESISMO NO PUEDE SER UNA LICENCIA PARA OLVIDAR A LAS VÍCTIMAS
Desde sectores progresistas se ha insistido en que la seguridad debe abordarse desde los derechos humanos, la desigualdad, las causas sociales y la negociación.
Perfecto.
Pero hagamos una pregunta incómoda:
¿Y los derechos humanos de las víctimas?
¿Quién defiende al comerciante extorsionado?
¿Quién defiende al campesino desplazado?
¿Quién defiende al niño reclutado?
¿Quién defiende al policía asesinado?
¿Quién defiende al soldado emboscado?
Porque los derechos humanos no pueden convertirse en un concepto que funciona maravillosamente bien para analizar al Estado y misteriosamente desaparece cuando la víctima necesita protección.
COLOMBIA NO PUEDE SER EL ÚNICO PAÍS DONDE EL ESTADO TENGA MIEDO DE EJERCER SU AUTORIDAD
Una democracia necesita jueces independientes.
Necesita militares sometidos a la Constitución.
Necesita policías profesionales.
Necesita Fiscalía.
Necesita organismos de control.
Pero sobre todo necesita algo elemental:
que la ley tenga dientes.
Porque si cada vez que el Estado intenta recuperar un territorio aparecen obstáculos que terminan paralizando su capacidad operacional, mientras los grupos armados conservan sus fusiles, sus economías ilegales y su capacidad de intimidación, entonces estamos construyendo una paradoja monstruosa:
el ciudadano cumple la ley, el Estado explica la ley y el criminal aprovecha la ley.
Eso no es justicia.
Eso es una receta para que el miedo termine gobernando.
NO SE TRATA DE DARLE PODER ABSOLUTO AL ESTADO
Se trata de algo mucho más básico:
que el Estado pueda ejercer legítimamente el monopolio de la fuerza.
Con controles.
Con jueces.
Con Fiscalía.
Con derechos humanos.
Con debido proceso.
Pero también con autoridad.
Porque si la autoridad desaparece, alguien ocupa el espacio.
Y en Colombia ya sabemos quiénes están esperando esos espacios:
los narcotraficantes, los extorsionistas, los secuestradores, los asesinos y las estructuras armadas que convierten el miedo en negocio.
Entonces dejemos la hipocresía.
No hay democracia sin derechos.
Pero tampoco hay democracia efectiva cuando el ciudadano vive sometido por quienes tienen las armas.
COLOMBIA NO NECESITA UN ESTADO PARALIZADO
Necesitamos una justicia que controle.
Una Fuerza Pública que pueda actuar.
Un Gobierno que tenga una política clara de seguridad.
Un Congreso que legisle.
Una Fiscalía que investigue.
Y ciudadanos que no tengan que escoger entre pagar una extorsión o abandonar su tierra.
Porque la pregunta definitiva no debería ser:
“¿Cómo limitamos al Estado para que no se exceda?”
También deberíamos preguntar:
“¿Cómo garantizamos que el Estado tenga la capacidad de proteger al ciudadano frente al que sí decidió excederse?”
Porque mientras nosotros discutimos quién tiene competencia, quién firma, quién autoriza, quién tutela y quién apela...
el criminal no está haciendo seminarios de derecho constitucional.
Está avanzando.
Y si Colombia no recupera una autoridad democrática, legítima y eficaz, algún día podríamos descubrir demasiado tarde que el problema no era que el Estado tuviera demasiada fuerza.
El problema era que dejamos que el crimen tuviera demasiada.
JRoU
CONVERSANDO EN BLANCO O NEGRO ®©
Actualidad sin filtros.
La seguridad no es de izquierda ni de derecha.
Es el derecho del ciudadano a vivir sin miedo.
