La ideologia socialista disfrazada de progresita se basa en la doctrina Goebelista.. JRoU

En mi opinión, parte del discurso del progresismo contemporáneo adopta estrategias de comunicación y propaganda que recuerdan algunos principios atribuidos a Joseph Goebbels, como la repetición constante de mensajes, la construcción de narrativas polarizantes y el uso intensivo de los medios para influir en la opinión pública. Considero que estas prácticas merecen un análisis crítico, independientemente de la ideología de quien las utilice.

¿Progresismo o propaganda?

En el debate político contemporáneo se ha vuelto frecuente escuchar que toda crítica al progresismo es desinformación, mientras que toda narrativa afín a esa corriente representa la verdad. En mi opinión, esa forma de presentar el debate público merece un análisis crítico.

Considero que algunos sectores del progresismo utilizan estrategias de comunicación que privilegian la repetición de consignas, la simplificación de problemas complejos, la descalificación de quienes piensan distinto y la construcción de relatos que buscan influir en la opinión pública. Estas prácticas recuerdan técnicas de propaganda estudiadas por historiadores y analistas de la comunicación, aunque no son exclusivas de una sola ideología y han sido empleadas por gobiernos y movimientos de distintas tendencias a lo largo de la historia.

Cuando el debate político se reemplaza por etiquetas, cuando el adversario es presentado como un enemigo y cuando la emoción desplaza a la evidencia, la democracia se debilita. Una sociedad libre necesita ciudadanos capaces de contrastar información, cuestionar las narrativas y exigir transparencia a quienes ejercen el poder, sin importar su orientación política.

El verdadero progreso no debería depender de la propaganda, sino de resultados verificables: instituciones sólidas, respeto por la ley, lucha contra la corrupción, crecimiento económico, seguridad y protección efectiva de las libertades individuales.

La fortaleza de una democracia no radica en imponer un relato único, sino en permitir que las ideas compitan libremente y que los ciudadanos formen sus propias conclusiones a partir de hechos, argumentos y evidencia.

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La impunidad: cuando la justicia deja de ser el pilar de la democracia. l pregunta es.¿Por qué persevera la impunidad en Colombia? JRoU

La impunidad no es simplemente un problema jurídico; es una amenaza para la democracia. Mi opinión es que, cuando los ciudadanos perciben que la corrupción, el crimen organizado y el abuso del poder no reciben una respuesta oportuna y efectiva de las instituciones, la confianza en el Estado se deteriora.

Desde mi perspectiva, Colombia enfrenta un desafío que va más allá de la capacidad de jueces y fiscales. La percepción de que algunos casos avanzan con rapidez mientras otros permanecen durante años sin una decisión definitiva alimenta la desconfianza ciudadana. Esa percepción debe ser atendida mediante instituciones transparentes, independientes y sujetas a controles efectivos.

También considero que la corrupción pública tiene un impacto especialmente grave. Cada recurso desviado significa menos inversión en salud, educación, infraestructura y seguridad. Cuando estos hechos no se investigan o sancionan con rigor, el daño trasciende lo económico y afecta la legitimidad de las instituciones.

No obstante, cualquier respuesta debe respetar el Estado de derecho. La lucha contra la impunidad exige investigaciones serias, decisiones basadas en pruebas y pleno respeto por el debido proceso. Una justicia fuerte no es aquella que condena más personas, sino la que actúa con independencia, imparcialidad y eficacia.

Colombia necesita fortalecer sus instituciones, mejorar la capacidad investigativa, proteger a las víctimas y garantizar que toda persona responda ante la ley cuando existan pruebas suficientes y así lo determinen los jueces competentes.

La democracia no se sostiene únicamente con elecciones. También depende de que la justicia funcione, de que la ley se aplique sin privilegios y de que la ciudadanía pueda confiar en que los delitos serán investigados y juzgados conforme a la Constitución y la ley.

La impunidad no puede convertirse en una costumbre. Una sociedad que aspira a un futuro de paz, prosperidad y libertad necesita una justicia que inspire confianza y que demuestre, con hechos, que nadie está por encima de la ley.

Una nación donde la ley se aplica de manera imparcial genera mayor confianza, favorece la inversión, protege las libertades y fortalece la convivencia. La justicia no puede ser una promesa; debe convertirse en una realidad para todos.

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La verdad sin filtros: el debate sobre el término "disidencias"... JRoU

La verdad sin filtros: ¿por qué seguimos hablando de "disidencias"?

Las palabras importan. En política, el lenguaje no solo describe la realidad: también puede moldear la forma en que la sociedad la interpreta. Por eso considero que ha llegado el momento de debatir si el término "disidencias" sigue siendo el más adecuado para referirse a los grupos armados que hoy continúan actuando en Colombia.

Desde mi punto de vista, esa denominación transmite la idea de que se trata únicamente de una fracción separada de una organización que desapareció por completo tras el Acuerdo de Paz. Sin embargo, muchos colombianos sostienen que existe una continuidad entre antiguos integrantes de las FARC y algunas de las estructuras armadas ilegales que hoy operan en distintas regiones del país.

El proceso de paz de 2016, qué traicionó el No de un plebiscito,sigue generando posiciones encontradas. Para unos, representó un paso importante hacia la reducción del conflicto armado y permitió la reincorporación de miles de excombatientes a la vida civil. Para otros, no logró impedir que persistieran o surgieran nuevas estructuras ilegales vinculadas al narcotráfico, la minería ilegal y otras economías criminales.

Esa diferencia de interpretaciones no debe impedir un debate abierto. La democracia exige que las políticas públicas y sus resultados puedan ser examinados críticamente. Cuestionar el lenguaje, las decisiones de los gobiernos y las consecuencias de los acuerdos hace parte de ese ejercicio ciudadano.

La campaña "La Verdad Sin Filtros" busca precisamente abrir esa conversación. No para imponer una única visión, sino para invitar a que el país analice con espíritu crítico si las palabras que utilizamos reflejan con precisión la realidad que viven tantas comunidades afectadas por la violencia.

También considero que el proceso de paz impulsado durante el traidor gobierno socialista de Juan Manuel Santos sigue siendo objeto de un profundo debate político. Sus defensores destacan la desmovilización de miles de combatientes y la reducción de algunos indicadores de violencia, mientras que sus críticos señalan que el país continuó enfrentando la expansión de grupos armados ilegales y el fortalecimiento de economías criminales en varias regiones.. Recordemos qué los hermanos Santos formados en las juventudes comunistas JUCO y co- fundadores del criminal psicópata M-19 , tienen un compromiso y testaferrato con Farcomunes y hoy 2da Marauetalia, además de ser borregos del Sorismo.

Colombia necesita menos consignas y más debates fundamentados; menos relatos cerrados y más disposición para contrastar los hechos. Porque solo reconociendo la complejidad de nuestra historia podremos construir un futuro más seguro, más justo y más transparente.

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El Patriotismo Comienza Después de las Elecciones. JRoU

Las elecciones representan uno de los momentos más importantes de la democracia, pero no constituyen el final del compromiso ciudadano. Por el contrario, son el punto de partida de una nueva etapa en la que cada colombiano tiene la responsabilidad de contribuir al bienestar de la nación.

El patriotismo no se limita al acto de votar. Se expresa en la disposición de actuar con ética, principios, respeto por los demás y compromiso con el bien común. Es una actitud permanente que se refleja en el cumplimiento de los deberes ciudadanos, el fortalecimiento de la convivencia y la participación responsable en los asuntos públicos.

Quienes apoyaron al gobierno elegido y quienes respaldaron otras propuestas comparten una misma responsabilidad: preservar la tolerancia política y el respeto social. La diversidad de opiniones es una fortaleza de la democracia cuando se expresa mediante el diálogo, la convivencia pacífica y el reconocimiento de la legitimidad de las instituciones.

Asimismo, una ciudadanía comprometida ejerce control social sobre la gestión pública. Ese control debe realizarse dentro del marco de la ley, con argumentos, información y participación, promoviendo la transparencia, la rendición de cuentas y el cumplimiento de los compromisos adquiridos durante la campaña.

Colombia necesita ciudadanos que comprendan que el desarrollo del país no depende únicamente de sus gobernantes. También depende de una sociedad que participe, proponga, vigile y construya soluciones desde el respeto y la responsabilidad.

La elección terminó, pero el patriotismo apenas comienza. Ahora es el momento de trabajar unidos, con espíritu cívico y compromiso democrático, para construir un país más próspero, justo y en paz para las generaciones presentes y futuras.

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Solidaridad ante una institución militar: memoria, responsabilidad y debate democrático.. JRoU

Cómo oficial retirado del ejército nacional de Colombia,mi solidaridad con quienes integran la institución militar y con las familias de quienes entregaron su vida en cumplimiento del deber. Cuando las decisiones políticas limitan o modifican las acciones institucionales, es legítimo debatir si esas medidas tuvieron consecuencias sobre la seguridad nacional. La memoria de quienes sirvieron al país merece respeto, transparencia y un análisis responsable de las decisiones tomadas por sus gobernantes.

La solidaridad con una institución militar debe hacerse presente cuando sus integrantes sienten que decisiones políticas afectan su labor. Muchos consideran que acuerdos o pactos electorales terminaron congelando acciones institucionales que buscaban enfrentar la violencia, con consecuencias que, según esa visión, costaron vidas. Es un debate que exige responsabilidad, memoria y un análisis serio sobre el impacto de las decisiones políticas en la seguridad del país.

Toda nación tiene el deber de honrar a quienes, desde sus Fuerzas Militares, arriesgan su vida para proteger la soberanía, el orden constitucional y la seguridad de sus ciudadanos. Su servicio merece reconocimiento, respeto y un compromiso permanente con la verdad y la memoria.

En Colombia, las políticas de seguridad y las decisiones adoptadas por los distintos gobiernos han sido objeto de un intenso debate público. Hay quienes sostienen que determinados acuerdos o decisiones políticas limitaron la capacidad operativa de las instituciones militares y que ello pudo haber tenido consecuencias en la evolución del conflicto y en la pérdida de vidas. Otros defienden que esas decisiones respondían a estrategias para buscar la paz o reducir la violencia.

Precisamente por tratarse de un tema de enorme trascendencia, es fundamental que estas discusiones se den con transparencia, basadas en hechos verificables y con respeto por las diferentes posiciones. Analizar el impacto de las decisiones políticas sobre la seguridad nacional no debe ser motivo de censura, sino parte del ejercicio democrático.

La solidaridad con la institución militar también significa respaldar a quienes han servido con honor, acompañar a las familias de quienes perdieron a sus seres queridos y exigir que las decisiones del Estado sean evaluadas con responsabilidad. La memoria de quienes entregaron su vida al servicio de Colombia merece ser preservada con dignidad, sin convertir su sacrificio en un instrumento de división.

Fortalecer las instituciones, promover la rendición de cuentas y aprender de las experiencias del pasado son pasos esenciales para construir un país más seguro, donde las diferencias políticas puedan debatirse dentro del marco democrático y con respeto por el Estado de derecho.

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Una propuesta para el desarrollo de Latinoamérica en una estructura democrática y capitalista. JRoU

América Latina posee enormes riquezas naturales, una población joven y emprendedora y un gran potencial para convertirse en una de las regiones más dinámicas del mundo. Sin embargo, también enfrenta desafíos persistentes como la desigualdad, la corrupción, la inseguridad, la baja productividad y la fragilidad institucional.

Una posible respuesta a estos retos es fortalecer un modelo basado en la democracia constitucional y una economía de mercado, acompañado de instituciones sólidas y políticas públicas orientadas al bienestar de la población.

La democracia no debe limitarse a la celebración periódica de elecciones. También requiere separación de poderes, respeto por la Constitución, libertad de expresión, independencia judicial y mecanismos eficaces de control y rendición de cuentas. Cuando las instituciones funcionan con transparencia, aumenta la confianza ciudadana y se crea un entorno más favorable para el desarrollo.

En el ámbito económico, un sistema de mercado puede incentivar la inversión, el emprendimiento y la innovación. Para que esos beneficios lleguen a más personas, es importante garantizar reglas claras, estabilidad macroeconómica, protección de la propiedad, apoyo a las pequeñas y medianas empresas y una administración pública eficiente.

El crecimiento económico, por sí solo, no resuelve todos los problemas. Debe ir acompañado de inversiones sostenidas en educación, salud, infraestructura y formación para el trabajo. Estas políticas amplían las oportunidades, fortalecen el capital humano y contribuyen a reducir la pobreza y la desigualdad.

La corrupción representa uno de los principales obstáculos para el desarrollo. Combatirla exige instituciones independientes, transparencia en la gestión pública y una cultura de legalidad que fortalezca la confianza entre ciudadanos, empresas y Estado.

Finalmente, la integración regional puede ser un motor de crecimiento. Una mayor cooperación en comercio, infraestructura, innovación, seguridad y educación permitiría a los países latinoamericanos aprovechar mejor sus capacidades y afrontar desafíos comunes.

El desarrollo de América Latina no depende de una única fórmula, sino de la capacidad de construir consensos, fortalecer la democracia, promover el crecimiento económico y asegurar que los beneficios del progreso lleguen a toda la sociedad. Una región con instituciones sólidas, una economía dinámica y oportunidades para sus ciudadanos estará en mejores condiciones para afrontar los retos del siglo XXI y construir un futuro de mayor prosperidad.

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Colombia: un país herido por la corrupción, el nepotismo y la hipocresía política. JRoU

Colombia atraviesa uno de los momentos de mayor desconfianza ciudadana hacia sus instituciones y dirigentes. Durante décadas, distintos sectores políticos han prometido transparencia, justicia social, desarrollo económico y lucha contra la corrupción. Sin embargo, la realidad ha demostrado que los discursos, muchas veces, han estado muy lejos de las acciones.

La corrupción continúa siendo uno de los principales obstáculos para el progreso nacional. Recursos destinados a la educación, la salud, la infraestructura y la seguridad han terminado en manos de redes clientelistas que priorizan intereses particulares sobre las necesidades de los ciudadanos. El resultado es una sociedad que observa con frustración cómo los escándalos se repiten mientras las soluciones estructurales siguen pendientes.

A ello se suma el nepotismo, una práctica que contradice los principios del mérito y la igualdad de oportunidades. Cuando los cargos públicos son utilizados para favorecer familiares, amigos o aliados políticos, se debilita la confianza en las instituciones y se envía un mensaje perjudicial a las nuevas generaciones: que las conexiones importan más que la capacidad y el esfuerzo.

La impunidad agrava aún más este panorama. La percepción de que algunos actores políticos o económicos reciben un trato privilegiado frente a la ley genera indignación y alimenta el desencanto ciudadano. Una democracia sólida requiere que las normas se apliquen con independencia y sin distinciones ideológicas, económicas o partidistas.

La crítica a estos fenómenos no debe dirigirse exclusivamente a una corriente política determinada. La corrupción, el clientelismo y el abuso del poder han afectado a gobiernos y movimientos de distintas tendencias a lo largo de la historia nacional. Por ello, el verdadero desafío consiste en fortalecer las instituciones, promover la transparencia y exigir coherencia entre el discurso y la conducta de quienes aspiran a ejercer el poder.

Colombia necesita recuperar la confianza en la política como herramienta de transformación social. Para lograrlo, es indispensable que los ciudadanos exijan rendición de cuentas, que los partidos políticos seleccionen a sus líderes con criterios éticos y que la justicia actúe con independencia y eficacia.

El futuro del país no depende de consignas ideológicas ni de promesas grandilocuentes. Depende de la capacidad colectiva para defender la honestidad, el mérito, la responsabilidad pública y el respeto por la ley. Solo así Colombia podrá superar las heridas causadas por la corrupción, el nepotismo y la hipocresía política, y avanzar hacia una democracia más fuerte y una sociedad más justa.

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"Colombia es un país herido por la hipocresía de sectores políticos que, mientras predican justicia y transparencia, han tolerado la corrupción, el nepotismo y la impunidad. La pérdida de principios éticos en la vida pública ha debilitado la confianza ciudadana y profundizado las divisiones, alejando a la nación de los ideales de responsabilidad, mérito y respeto por las instituciones."   JRoU 

Llamemos las cosas por su nombre. Una democracia sólida debe partir del reconocimiento de la realidad y no de eufemismos políticos. JRoU

Llamemos las cosas por su nombre

Una democracia sólida debe partir del reconocimiento de la realidad y no de eufemismos políticos. Los hechos, las conductas y las actividades deben ser definidos por lo que son y por las consecuencias que generan sobre la sociedad. Cuando una organización recurre al secuestro, la extorsión, el asesinato, el reclutamiento forzado o los atentados contra la población civil, sus acciones deben ser analizadas y juzgadas conforme a la ley y a los hechos comprobados.

El debate público puede tener distintas interpretaciones sobre las causas, motivaciones o evolución de los grupos armados ilegales. Sin embargo, las víctimas merecen que la verdad no sea relativizada ni acomodada a intereses ideológicos. La claridad conceptual es fundamental para comprender la magnitud de los desafíos que enfrenta Colombia y para construir soluciones eficaces dentro del Estado de Derecho.

Nombrar correctamente los problemas no los resuelve por sí solo, pero sí constituye el primer paso para enfrentarlos con responsabilidad, transparencia y respeto por la verdad.

Algunos sectores sostienen que grupos como el ELN o las disidencias de las FARC han perdido gran parte de su carácter ideológico original y hoy obtienen la mayor parte de sus recursos de economías ilícitas como el narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión y el secuestro. Desde esa visión, serían organizaciones criminales con motivaciones principalmente económicas.

Otros analistas señalan que, aunque estos grupos participan ampliamente en actividades criminales, siguen manteniendo discursos, estructuras y objetivos políticos, por lo que continúan siendo considerados guerrillas insurgentes además de organizaciones involucradas en el narcotráfico.

La controversia surge porque la forma de definir a estos actores puede influir en las políticas de seguridad, negociación y justicia. Quienes critican al gobierno consideran que minimizar el componente terrorista o insurgente puede conducir a una lectura equivocada del conflicto. Quienes apoyan esa interpretación argumentan que reconocer la dimensión criminal permite enfocar mejor la lucha contra sus fuentes de financiación.

Como artículo de opinión, podría expresarse así:

¿Guerrillas insurgentes o cárteles criminales?

El debate sobre la naturaleza de los grupos armados ilegales en Colombia no es un asunto semántico, sino una discusión que define la política de seguridad nacional. Para muchos colombianos resulta preocupante que se diluya el carácter terrorista de organizaciones responsables de secuestros, atentados, extorsiones y asesinatos. Aunque estas estructuras han encontrado en el narcotráfico su principal fuente de financiación, ello no borra décadas de violencia contra la población civil ni su capacidad de desafiar al Estado.

La sociedad tiene derecho a exigir claridad conceptual y rigor institucional. Nombrar adecuadamente las amenazas es el primer paso para enfrentarlas eficazmente y para garantizar verdad, justicia y reparación a las víctimas del conflicto armado colombiano.

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El socialismo progresista y el festín del nepotismo. jRoU

Colombia e Iberoamérica: la revolución que terminó en rosca

El socialismo progresista en Colombia y buena parte de Iberoamérica prometió desmontar privilegios. Juró acabar con las castas. Señaló con el dedo a las élites tradicionales. Pero cuando llegó al poder, no destruyó el sistema: lo ocupó.

No erradicó el nepotismo.

Lo perfeccionó.

Hoy el Estado no es un instrumento de servicio público: es un botín ideológico. Ministerios convertidos en trincheras partidistas. Embajadas asignadas por afinidad. Contratos repartidos entre amigos. Cargos estratégicos ocupados por activistas sin experiencia pero con fidelidad comprobada. La consigna es clara: primero los nuestros.

En Colombia, el discurso de la igualdad convive con una práctica descarada de favoritismo. Se habla de justicia social mientras se consolidan círculos cerrados de poder. Se denuncia la “corrupción histórica”, pero se institucionaliza una nueva forma de clientelismo con estética progresista y narrativa moral.

En Iberoamérica el patrón es idéntico:

Gobiernos que llegaron con pancartas anticorrupción y terminaron blindando a su propio entorno. Cambiaron los apellidos, pero no la lógica. Cambiaron el relato, pero no el reparto.

Este nepotismo progresista tiene algo más grave que el tradicional: se disfraza de virtud.

No se presenta como privilegio, sino como “confianza política”.

No se reconoce como amiguismo, sino como “coherencia ideológica”.

No se asume como captura del Estado, sino como “transformación histórica”.

Y mientras tanto:

La meritocracia se vuelve sospechosa.

La crítica se etiqueta como “enemiga del cambio”.

El disenso se convierte en traición.

El resultado es un Estado más débil, más costoso y menos competente. Porque cuando el criterio para gobernar no es la capacidad sino la lealtad, la mediocridad se vuelve política pública.

Colombia enfrenta hoy ese dilema: ¿Estado para todos o Estado para la rosca?

Iberoamérica ya conoce la respuesta cuando la ideología se convierte en blindaje y el poder en patrimonio.

La verdadera revolución no fue contra la élite.

Fue el reemplazo de una élite por otra, más moralista en el discurso y más cerrada en la práctica.

Y mientras el ciudadano paga impuestos, soporta inseguridad y enfrenta servicios deteriorados, observa cómo la “transformación” terminó siendo lo de siempre:

el poder como herencia, la lealtad como moneda y el Estado como premio.

Y cierro con una sentencia histórica demoledora:

Y la historia, implacable, terminará escribiendo lo que hoy muchos prefieren callar: que no fue una revolución moral ni una transformación social, sino la captura del Estado bajo nuevas consignas y viejas prácticas.

Porque cuando la igualdad se usa como excusa para repartir poder entre leales, cuando la justicia se invoca para blindar a los propios y cuando el discurso sustituye al mérito, la democracia deja de ser república y se convierte en facción.

Los pueblos pueden tolerar errores.

Pueden soportar crisis.

Pero tarde o temprano se rebelan contra el engaño.

Y cuando ese momento llegue, quedará claro que no cayó un proyecto político:

cayó la máscara.

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Surgió Abelardo ESTAMOS con Abelardo 

¿El uso de la desinformación por el progresimo socialista en la política sin ÉTICA.. jRoU

La democracia se fortalece cuando los ciudadanos pueden tomar decisiones informadas a partir de hechos, argumentos y debates abiertos. Sin embargo, en muchos escenarios políticos contemporáneos, el intercambio de ideas ha sido reemplazado por campañas de desinformación, ataques personales y narrativas que buscan influir emocionalmente en la opinión pública.

Diversos analistas han comparado estas prácticas con técnicas de propaganda históricamente estudiadas, entre ellas la repetición constante de mensajes, la simplificación excesiva de problemas complejos y la construcción de relatos que dividen a la sociedad entre supuestos "buenos" y "malos". Estas estrategias pueden aparecer en movimientos de distintas corrientes ideológicas y no son exclusivas de un sector político determinado.

Algunos críticos sostienen que ciertos sectores del progresismo socialista han recurrido a estas dinámicas cuando privilegian el impacto mediático sobre el análisis riguroso de los hechos. Según esta visión, la difusión de acusaciones sin pruebas suficientes, la estigmatización de quienes piensan diferente y la manipulación del lenguaje terminan deteriorando la calidad del debate democrático.

No obstante, también es importante reconocer que la desinformación y la propaganda pueden surgir desde cualquier posición política. Por ello, la responsabilidad ciudadana consiste en verificar la información, contrastar fuentes y exigir argumentos sustentados en evidencia, independientemente de quién los emita.

Una sociedad libre no puede construir su futuro sobre rumores, calumnias o relatos diseñados para generar miedo y confrontación. El verdadero progreso democrático requiere respeto por la verdad, transparencia en el debate público y disposición a confrontar las ideas con hechos verificables.

En tiempos de polarización, la mejor defensa de la democracia sigue siendo una ciudadanía crítica, informada y comprometida con la búsqueda de la verdad.

Estos principios suelen presentarse de la siguiente manera:

Principio de simplificación y enemigo único: reducir los problemas a una sola causa y señalar un adversario principal.

Principio del método de contagio: agrupar a los adversarios en una misma categoría negativa.

Principio de transposición: atribuir al adversario los propios errores o defectos.

Principio de exageración y desfiguración: magnificar errores o hechos aislados del oponente.

Principio de vulgarización: adaptar los mensajes al nivel más amplio posible de comprensión.

Principio de orquestación: repetir constantemente unas pocas ideas clave.

Principio de renovación: generar continuamente nuevas informaciones o acusaciones para mantener la atención.

Principio de verosimilitud: construir relatos mezclando hechos reales con interpretaciones o rumores.

Principio de silenciación: minimizar o ignorar información que contradiga la narrativa propia.

Principio de transfusión: aprovechar creencias, prejuicios o sentimientos ya existentes en la población.

Principio de unanimidad: hacer creer que una opinión es compartida por la mayoría.

Principio de creación de consenso: reforzar la percepción de que existe un acuerdo generalizado en torno a una idea.

Desde una perspectiva histórica, estos principios describen técnicas de propaganda y manipulación de la opinión pública que usa el progresimo socialista y rompe así la línea ÉTICA 

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"El uso sistemático de desinformación, ataques personales y afirmaciones sin sustento en el debate público recuerda las estrategias de propaganda atribuidas a Joseph Goebbels, basadas en la repetición de mensajes para influir en la opinión pública. Desde esta perspectiva, algunos críticos consideran que ciertos sectores del progresismo socialista recurren a estas prácticas cuando privilegian la narrativa política sobre la discusión de hechos verificables."