EL NO QUE TERMINÓ CONVERTIDO EN UN SÍ.
¿Paz respaldada por las urnas o acuerdo impuesto después de que las urnas hablaron?
Hay una pregunta que Colombia todavía tiene derecho a hacerse:
¿Qué ocurrió con el voto de los ciudadanos que el 2 de octubre de 2016 dijeron NO al Acuerdo de La Habana?
El resultado fue claro: la mayoría de los ciudadanos que participaron en aquel plebiscito rechazó el texto sometido a consideración popular.
Y entonces comenzó una de las mayores discusiones institucionales de la historia reciente de Colombia.
En lugar de abandonar el proceso, el Gobierno renegoció algunos aspectos del acuerdo, presentó un nuevo texto y posteriormente avanzó en su implementación mediante el Congreso y el mecanismo excepcional denominado Fast Track.
Ahí está el punto político que no puede ser borrado de la memoria nacional:
Los colombianos votaron NO al acuerdo que fue sometido al plebiscito. Sin embargo, el Estado terminó implementando un acuerdo modificado sin convocar nuevamente a los ciudadanos a las urnas para que aprobaran o rechazaran ese nuevo texto.
Para unos, aquello constituyó una salida constitucional e institucional frente a un resultado adverso. Para otros, significó desconocer el sentido político del mandato expresado en las urnas.
Y esa discusión sigue siendo legítima.
Porque una democracia no puede reducirse al acto de votar. También debe responder a una pregunta elemental:
¿Qué valor tiene la voluntad popular cuando el resultado no coincide con la voluntad del Gobierno?
Aquí aparece el Fast Track.
El mecanismo fue creado para acelerar la implementación normativa del acuerdo de paz. La Corte Constitucional estableció límites y condiciones para su utilización, y el Congreso aprobó numerosas normas derivadas del proceso de implementación.
Pero para millones de colombianos quedó una sensación política difícil de ignorar:
votaron NO y terminaron viviendo bajo las consecuencias jurídicas y políticas de un acuerdo que no habían aprobado en las urnas.
Eso merece debate, no silenciamiento.
Y hay otro asunto todavía más delicado.
La discusión sobre la justicia transicional no puede confundirse con afirmar que todos los integrantes de las FARC eran automáticamente responsables de crímenes de lesa humanidad, ni que esos crímenes fueron simplemente amnistiados. Jurídicamente, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra graves tienen un tratamiento diferenciado y no son objeto de amnistía general.
Pero precisamente por tratarse de delitos de extrema gravedad, la pregunta sobre verdad, justicia, reparación y sanción efectiva para las víctimas debía ocupar el centro de cualquier acuerdo de paz.
La paz puede ser necesaria.
La desmovilización puede ser necesaria.
La negociación puede ser necesaria.
Pero ninguna de esas palabras puede convertirse en sinónimo de impunidad.
Porque una sociedad democrática tiene dos obligaciones simultáneas: buscar la paz y proteger los derechos de las víctimas.
La verdadera controversia histórica de La Habana no consiste simplemente en estar a favor o en contra de la paz.
La pregunta es mucho más incómoda:
¿Hasta dónde puede llegar un Gobierno negociando en nombre de una nación cuando una mayoría de los ciudadanos rechaza en las urnas el texto que se les presenta?
Ese es el debate que Colombia todavía tiene pendiente.
No se trata de reescribir la historia.
Se trata de recordar que aquel 2 de octubre los ciudadanos hablaron.
Y cuando los ciudadanos hablan en las urnas, el poder político debería escuchar incluso cuando la respuesta no le gusta.
La paz no puede construirse contra las víctimas.
La democracia no puede construirse contra el voto ciudadano.
Y la justicia no puede convertirse en el precio de una negociación política.
En éste artículo
, conservo un argumento político fuerte y verídico ,pero evito hacer dos afirmaciones jurídicamente vulnerables: que el acuerdo fue literalmente una amnistía para crímenes de lesa humanidad y que el Fast Track por sí mismo “legalizó” el acuerdo.
En la conciencia de los traidores queda la verdad..
JRoU
