Es coherente el censo electoral colombiano? Un examen técnico sin filtros. Registraduría dice que 41,2 millones de colombianos pueden votar. JRoU

Cuando la aritmética entra al debate público, las emociones suelen ir un paso adelante de los datos. La cifra de aproximadamente 43 millones de ciudadanos habilitados para votar frente a una población total cercana a 53 millones ha despertado sospechas y cuestionamientos. ¿Es matemáticamente imposible? ¿Es estadísticamente anómalo? ¿O es el resultado de transformaciones demográficas acumuladas durante dos décadas? Este artículo examina la cuestión con herramientas demográficas y estadísticas, no con consignas.

Las cifras ameritan vigilancia técnica, pero la matemática por sí sola no condena el sistema; exige evidencia adicional.  

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1. El punto de partida: la proporción adulta

Si se divide el número de habilitados para votar (≈43 millones) por la población total estimada (≈53 millones), el resultado es cercano al 81%. Esto implicaría que alrededor del 81% de la población sería mayor de 18 años.

A primera vista, el porcentaje parece elevado. Sin embargo, Colombia atraviesa una transición demográfica avanzada: la tasa de natalidad ha caído de forma sostenida durante más de veinte años y la esperanza de vida ha aumentado. Menos nacimientos implican menor proporción de menores en el total poblacional.

Proyecciones recientes sitúan a los menores de 18 años entre el 22% y el 28% de la población. En escenarios de envejecimiento acelerado, el porcentaje de adultos puede acercarse al 78–81%. Es decir, la cifra nacional se ubica en el rango alto, pero no fuera de los márgenes demográficos plausibles.

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2. Crecimiento histórico del censo electoral

Un segundo criterio clave es la evolución en el tiempo. Desde 2002, el censo electoral colombiano ha crecido de manera progresiva:

• 2002: ~24 millones
• 2010: ~30 millones
• 2018: ~36 millones
• 2022: ~39 millones
• 2026 (estimado): ~42–43 millones

El incremento promedio anual ronda los 750.000–800.000 nuevos habilitados. Esta cifra es coherente con el número de jóvenes que cumplen 18 años cada año, más actualizaciones administrativas y registros en el exterior.

No se observan saltos abruptos o rupturas discontinuas que, por sí solos, sugieran alteraciones estructurales. La tendencia es progresiva y consistente con la dinámica demográfica.

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3. El factor fallecimientos

Colombia registra aproximadamente 250.000–280.000 muertes por año. Si existiera un rezago administrativo del 5–10% en la depuración del censo electoral, el efecto acumulado en una década sería del orden de cientos de miles de registros, no de millones.

Es un fenómeno administrativo posible, pero cuantitativamente limitado. Por sí solo no explica diferencias estructurales amplias.

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4. Migración y derecho al voto

La migración venezolana reciente ha estado compuesta mayoritariamente por adultos jóvenes. Esto puede modificar la estructura etaria nacional, aumentando la proporción de adultos en el país.

Sin embargo, residencia no equivale a derecho al voto. Para participar en elecciones nacionales se requiere nacionalidad colombiana y cédula de ciudadanía. La nacionalización es un proceso jurídico individual, documentado y trazable. No existen evidencias públicas de naturalizaciones masivas en magnitudes capaces de alterar de forma estructural el censo electoral.

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5. El análisis regional: donde realmente se detectan anomalías

La evaluación rigurosa no se limita a una cifra nacional agregada. Se analiza por departamento mediante el índice:

Índice = Censo electoral / Población total

En estadística, los valores atípicos se identifican cuando superan rangos normales (por ejemplo, más de dos desviaciones estándar respecto a la media nacional).

Variaciones del orden de ±5% suelen explicarse por movilidad interna, inscripción histórica o diferencias etarias regionales. Solo índices superiores al 85% sostenidos en el tiempo, concentrados en regiones específicas y acompañados de crecimientos electorales muy superiores al crecimiento poblacional, ameritarían una auditoría técnica detallada.

Sin esa combinación de factores, la variación porcentual aislada no constituye evidencia concluyente.

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6. Qué sí exige la matemática

La estadística no absuelve ni condena por intuición. Exige patrones verificables, consistencia histórica y documentación. Un porcentaje alto puede ser llamativo; no es, por sí mismo, prueba de manipulación.

La carga probatoria en cualquier sistema democrático serio requiere:

1. Evidencia documental específica.
2. Patrones regionales persistentes.
3. Inconsistencias sostenidas en el tiempo.

Sin estos elementos combinados, el análisis aritmético aislado resulta insuficiente.

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Conclusión

La vigilancia ciudadana es saludable en una democracia. La sospecha automática no lo es. El 81% de adultos en el agregado nacional es una cifra exigente que merece revisión técnica permanente, pero no es una imposibilidad matemática ni una prueba automática de alteración estructural.

La discusión pública mejora cuando los datos preceden a las conclusiones. Si existen irregularidades, deben demostrarse con expedientes y auditorías verificables. Si no existen, la responsabilidad cívica exige reconocerlo.

La matemática no milita en bandos: simplemente exige coherencia. Y hasta donde alcanzan los modelos demográficos y el análisis estadístico disponible, la coherencia general del sistema no queda desvirtuada por la cifra agregada.

JRoU