Saturday, August 18, 2018

La corte constitucional, Enemiga de Colombia .JR

El Acto Legislativo 01 del 2017, que creó la JEP, resultado del pacto de la Habana, es hoy el enemigo de la justicia colombiana.  La Corte Constitucional, contrario al programa de la reforma a la justicia que plantea el nuevo gobierno de quien la hace la paga, (Esta frase es incompleta, le falta terminar a que hace referencia sobre la corte, Ej, ….de quién la hace la paga, pregona la permisividad al delito.)

Con algunos cambios que yo más bien llamo ajustes favorables a la impunidad cobarde de la corte, le dio luz verde al conjunto de reglas que avalan la JEP y las normas que regularon la implementación del hipócrita pacto de la Habana narcofarquista.

Uno de los cafres narcofarquista," El magistrado Lizarazo “, dice: Las sanciones no se imponen en relación con la naturaleza del delito, se imponen en relación con el grado de reconocimiento de verdad y responsabilidad, de reparación de las víctimas y de garantía de no repetición. No dependen de la naturaleza del delito”. Con lo cual quien admite que violó es inocente... PODRÁN CREER ESTA DECLARACIÓN.. !!!!!

Pero para comentar con fundamentos propios de la arbitrariedad constitucional que arremete contra Colombia en el contexto de la justicia, debemos conocer lo que creo Santanas  ( Juan Manuel Santos) y que nos dejó en orden jurídico de protección al genocidio narcofarquista.

Que es la JEP? Un pacto al genocidio y opine USTED. 

ESTA ES LA JEP.
Compuesta por 51 magistrados (38 de ellos son titulares y los demás suplentes) y tendrá 14 juristas extranjeros en calidad de 'amicus curiae', amigos de la corte. Además, tiene cinco órganos y una Secretaría Ejecutiva, que entre ellas son:

A. Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y de Determinación de los hechos y conductas.

B. Sala de amnistía e indulto.

C. Sala de definición de situaciones jurídicas.

D. Unidad de investigación y acusación.

E. El Tribunal para la paz, el cual está conformado por cinco (5) secciones.

Ante esto si es de bien llamar, llegarán todas las personas (genocidas narcofarquistas, ya que fue creado y hecho para ellos) que estén vinculados a delitos en medio del conflicto armado (creado por ellos).
Según un informe de la Secretaría Ejecutiva, están firmadas, el 99 por ciento de las actas de compromiso de integrantes de la Fuerza Pública y el 93 por ciento de los desmovilizados de las NarcoFarc. Así, más de 3.500 exguerrilleros y cerca de 1.750 exuniformados ya están listos para ser llamados por la Sala de Reconocimiento de la Verdad y los civiles que financiaron la guerra solo irán voluntariamente a esa jurisdicción.

La JEP establece que los cobardes narcofarquistas magistrados, sólo podrán imponer tres tipos de sanciones:

1. Propias: Se impondrán a quienes reconozcan verdad y responsabilidad, respecto a delitos graves tendrán un mínimo de duración de 5 años y un máximo de 8 años. ¿De qué sanción? ¿De cárcel?

2. Alternativas: Se impondrán a quienes reconozcan verdad y responsabilidad ante la Sección de Primera Instancia, antes de proferir la sentencia. Irán entre pena privativa de la libertad de entre 5 a 8 años. Quienes no hayan tenido participación determinante en los casos más graves tendrán pena de 2 a 5 años. Este punto repite lo que dice el No.1

3. Ordinarias: Se impondrán a quienes no hayan reconocido responsabilidad y sean condenados por el Tribunal. La privación efectiva de libertad no será inferior a 15 años ni superior a 20 años en el caso de conductas muy graves.

Por plena atribución los narcofarquistas magistrados de la JEP podrán conceder indultos por delitos políticos y conexos. En el caso de las NarcoFarc se amnistiará o indultará el delito político de rebelión (no llamado Narcoterrorismo) y otros delitos conexos, como el porte ilegal de armas, de tal manera que también tendrán ese tratamiento.

Establecen además que, serán objeto de amnistía e indulto, delitos de lesa humanidad, el genocidio, los graves crímenes de guerra, la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad como por ejemplo el secuestro de civiles, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada.

La Corte Constitucional le puso límites a la duración de la Justicia Especial para la Paz y estableció que tendrá una vida inicial de quince años, prorrogables mediante ley estatutaria por cinco años más. Se ocupará de delitos cometidos antes del 1 de diciembre de 2016.

Entonces amigo presidente electo y ya en funciones, Ivan Duque y su Vice Presidente Marta Lucia... apaguen el motor y vamos a pie ante la verdad de la justicia colombiana de quien la hizo NO LA PAGA y punto.

José Rodrigo Umaña Martínez.( JR )
En blanco o negro
Máscaras de la verdad




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