El fracaso del socialismo progresista en Colombia y Venezuela: poder, narcotráfico y degradación del Estado.
En Colombia y Venezuela, la izquierda socialista progresista no solo fracasó en su promesa de justicia social y desarrollo: condujo a la captura del Estado por economías criminales, debilitó la democracia y normalizó la violencia como instrumento político. Este no fue un desvío inesperado, sino la consecuencia lógica de un modelo ideológico que, al colapsar, se sostuvo mediante alianzas ilegales.
Venezuela: del socialismo petrolero al narco-Estado
El proyecto bolivariano nació con una renta petrolera extraordinaria que permitió ocultar, durante años, la ineficiencia estructural del modelo. Cuando el dinero se agotó, el régimen no reformó: radicalizó.
Destrucción institucional: anulación del Parlamento, control del poder judicial, persecución política y censura.
Colapso económico: hiperinflación, miseria generalizada y migración masiva.
Alianzas criminales: protección a carteles, control de rutas, minería ilegal y cooperación con redes transnacionales ilícitas.
El resultado fue la transformación del Estado en aparato de supervivencia del poder, donde la Fuerza Armada fue politizada y la economía ilegal se convirtió en fuente de financiamiento y control territorial. Venezuela dejó de ser un Estado social para convertirse en un régimen sostenido por el crimen organizado.
Colombia: del discurso de paz a la legitimación de la ilegalidad
En Colombia, el progresismo no llegó inicialmente por la vía del colapso económico, sino por la redefinición moral del conflicto. Bajo el lenguaje de “paz”, se produjo una relativización del crimen y una peligrosa confusión entre víctima, victimario y Estado.
Blanqueamiento político: insurgencias financiadas por narcotráfico presentadas como actores legítimos.
Economía ilegal tolerada: expansión de cultivos ilícitos, control territorial de grupos armados y debilitamiento de la Fuerza Pública.
Captura institucional: presión sobre jueces, estigmatización del empresario, ataque a la prensa crítica y uso del subsidio como control social.
El mensaje fue devastador: la ilegalidad puede convertirse en derecho si se envuelve en causa ideológica. Así, el narcotráfico dejó de ser enemigo del Estado para convertirse en variable política.
El vínculo común: ideología, poder y crimen
En ambos países, el patrón es idéntico:
Fracaso del modelo económico estatista
Deslegitimación del Estado de Derecho
Alianzas tácticas con economías criminales
Concentración autoritaria del poder
Persecución de la oposición y cierre democrático
El socialismo progresista no tolera alternancia, porque la alternancia expone la corrupción, rompe los pactos ilegales y devuelve la ley. Por eso, cuando pierde legitimidad, se aferra al control, no a la reforma.
Consecuencias sociales irreversibles
Más pobreza, no menos
Más violencia, no paz
Más migración, no desarrollo
Estados debilitados o capturados
Colombia y Venezuela prueban que no hay justicia social sin legalidad, ni igualdad posible cuando el crimen se vuelve socio del poder.
Conclusión:
La verdad incómoda
El socialismo progresista en Colombia y Venezuela no fue derrotado por enemigos externos, sino por su propia incoherencia moral y su dependencia del delito para sostenerse.
Cuando un proyecto político necesita del narcotráfico y de estructuras armadas ilegales, deja de ser político y se convierte en amenaza para la nación.
La reconstrucción democrática exige instituciones fuertes, ley sin relativismos y una ruptura total entre política y crimen. Todo lo demás es propaganda.
JRoU
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