El voto, las armas y la política: una frontera que Colombia no puede borrar.
La relación entre la Fuerza Pública, el poder político y el ejercicio del sufragio en Colombia no puede analizarse únicamente desde la perspectiva del derecho individual al voto. Existe detrás una cuestión mucho más profunda: la necesidad de preservar la neutralidad política de quienes tienen bajo su responsabilidad las armas de la República.
La historia colombiana ofrece suficientes razones para mantener esa frontera.
Durante diferentes etapas de nuestra historia, las confrontaciones políticas estuvieron acompañadas por la incorporación de intereses partidistas a las estructuras de poder y, en determinados períodos, por la utilización de las armas dentro de esas disputas. Las guerras civiles del siglo XIX son una expresión dramática de cómo las divisiones políticas, cuando dejan de resolverse mediante las instituciones, pueden terminar convirtiéndose en confrontaciones armadas.
Cuando la política intenta controlar las armas
El problema comienza cuando el poder político pretende convertir el mando militar o policial en instrumento de intereses partidistas, electorales o personales.
La Fuerza Pública tiene una misión constitucional: defender la soberanía, proteger a la población, preservar el orden constitucional y garantizar las condiciones necesarias para que la democracia pueda funcionar.
Su lealtad, por tanto, no puede estar dirigida hacia un partido, un candidato o una corriente ideológica.
Debe estar dirigida hacia la Constitución, las instituciones y la Nación.
Cuando esa relación se altera, aparece un peligroso efecto institucional: las decisiones del mando pueden comenzar a ser interpretadas desde la conveniencia política y no desde la misión constitucional. La cadena de mando pierde confianza, la disciplina se deteriora y la sociedad comienza a preguntarse si las instituciones armadas están actuando para proteger al Estado o para favorecer al gobierno de turno.
El ciudadano y el miembro activo de la Fuerza Pública
Existe aquí una diferencia fundamental.
El militar y el policía son ciudadanos y, como tales, poseen derechos. Pero mientras permanecen en servicio activo están sometidos a unas restricciones especiales derivadas de la naturaleza de su función.
La Constitución Política colombiana establece que los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo no pueden ejercer el sufragio. Esta limitación no debe entenderse como una negación de su ciudadanía, sino como una garantía de neutralidad institucional.
La razón es sencilla: el arma y el voto partidista no deben convertirse en instrumentos simultáneos de poder político dentro de la misma estructura institucional.
Un militar puede tener convicciones políticas como ciudadano. Un policía puede tener preferencias personales. Lo que no puede ocurrir es que esas preferencias se transformen en órdenes institucionales, presión sobre subordinados o utilización de la autoridad armada para favorecer intereses electorales.
La causa y el efecto de la politización
La causa es la interferencia política en la estructura de mando.
El efecto puede ser mucho más grave de lo que inicialmente parece.
Primero aparece la pérdida de neutralidad. Después, la desconfianza. Posteriormente, la división interna. Y finalmente, cuando las instituciones armadas son arrastradas a las disputas partidistas, puede producirse una ruptura de la legitimidad institucional.
La historia demuestra que una sociedad que permite que las diferencias políticas sean resueltas mediante la presión de las armas abre la puerta a escenarios que pueden terminar en violencia, autoritarismo o guerra civil.
Por eso, la discusión sobre el voto de los miembros activos de la Fuerza Pública debe estar acompañada de otra pregunta igualmente importante:
¿Quién protege a la Fuerza Pública de la utilización política del poder civil?
El poder civil también tiene límites
La subordinación de la Fuerza Pública al poder civil es indispensable en una democracia. Pero subordinación no significa sometimiento partidista.
El Presidente, los ministros, los congresistas y los funcionarios civiles ejercen autoridad dentro del marco constitucional y legal. No son propietarios de las instituciones armadas.
El mando militar y policial no puede convertirse en un botín político, ni la carrera de un oficial o suboficial depender de su cercanía con determinado sector partidista.
De igual manera, ningún gobernante debería pretender utilizar la Fuerza Pública como mecanismo de presión electoral, propaganda política o instrumento para garantizar su permanencia en el poder.
El poder civil controla democráticamente a la Fuerza Pública; no puede apropiarse políticamente de ella.
La neutralidad protege a todos
La neutralidad política de las Fuerzas Militares y de la Policía no beneficia únicamente a quienes están en el poder.
También protege a quienes están en la oposición.
Protege al ciudadano que piensa diferente.
Protege las elecciones.
Protege al propio militar y al policía de convertirse en instrumentos de una confrontación política que no les corresponde protagonizar.
Y, sobre todo, protege a la República.
Porque una democracia verdaderamente sólida no necesita que sus soldados tengan partido. Necesita que sus soldados tengan Constitución.
No necesita policías comprometidos con candidatos. Necesita policías comprometidos con la ley.
No necesita generales convertidos en operadores políticos. Necesita comandantes capaces de ejercer el mando con profesionalismo, disciplina y respeto por el Estado de derecho.
La frontera que Colombia debe preservar
El debate sobre el voto de los miembros activos de la Fuerza Pública merece ser abordado con serenidad, sin convertirlo en una bandera partidista.
La pregunta fundamental no es qué partido se beneficia.
La pregunta es qué protege mejor a la República.
Porque cuando la política pretende utilizar las armas para alcanzar objetivos electorales, la democracia comienza a perder su equilibrio. Y cuando las armas pretenden sustituir a la política, la democracia deja de existir.
Colombia necesita mantener una frontera clara:
La política debe gobernar dentro de la Constitución.
La Fuerza Pública debe obedecer dentro de la Constitución.
Y ninguna de las dos debe utilizar a la otra para alcanzar intereses personales o partidistas.
La historia de las guerras civiles colombianas debería servirnos como advertencia. Las diferencias políticas pueden ser intensas, incluso irreconciliables, pero deben resolverse mediante instituciones, elecciones, justicia y deliberación democrática.
Porque cuando el voto se mezcla con el mando, el partido con el uniforme y el interés personal con las armas de la República, la democracia queda expuesta a un peligro que Colombia ya conoce demasiado bien.
La Fuerza Pública debe pertenecer a la Nación, no a un gobierno. Y las armas de la República nunca deben convertirse en herramientas de una campaña electoral.
JRoU
Publicado en el Blog Blanco o Negro
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