Por Benjamin Serra
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Margarita Pérez Anchiraico vive en Mayoc, un poblado a unos 80 kilómetros de distancia al este de la capital de Perú, Lima.
Como la mayoría de habitantes de la zona, la familia de Margarita se dedicaba a la ganadería y a la agricultura. Actividades que les permitía alimentarse y también vender algunos de sus productos en mercados cercanos.
El bosque era parte de su poblado hasta que la empresa minera Lisandro Proaño compró unos terrenos cercanos y comenzó a talar árboles para desarrollar en la zona su actividad minera.
Pero lo peor llegó cuando los animales empezaron a morir y los habitantes del poblado mostraron señales de dermatitis y otras enfermedades de la piel.
La razón era que los residuos que la empresa estaba depositando sin medidas de protección ni control ambiental a menos de 50 metros eran altamente tóxicos, ya que contenían cianuro y arsénico.
Desde el momento en que se instaló la compañía en la zona, Margarita comenzó una lucha y crearon un Comité de Afectados por la Minería pero en 2006, la compañía canadiense Gold Hawk compró la mina y ofreció trabajo y dinero a muchos residentes, para que dejaran las protestas.
Margarita se quedó sola, pero aún así sigue luchando. Su pelea no es contra la minería, es contra la contaminación.
Por supuesto, Margarita no es el único caso. En otras regiones, los pueblos se han mostrado muy unidos frente a la realidad de las industrias extractivas y han peleado duramente.
En Venezuela, el pueblo indígena Yukpa es uno de los afectados por estas actividades. Estos indígenas amerindios están en lucha por la demarcación y posesión de lo que denominan como sus tierras ancestrales, al oeste del lago de Maracaibo, un territorio a 700 kilómetros al oeste de Caracas.
Alrededor de 12.000 yukpas viven en áreas de montaña deseadas por empresas mineras del carbón. Frente a esto el gobierno no quiere entregar a este pueblo un territorio indivisible y su propuesta es asignar parcelas a estas comunidades.
Esto provocaría daños irreparables en estas sociedades como la pérdida de su cultura, modos de vida y la pobreza.
Los yukpas no se rinden. De hecho a finales del pasado año realizaron un viaje a pie hasta Caracas con el objetivo de llegar hasta la Vicepresidencia, para pedir explicaciones sobre la titularidad de las tierras y las negociaciones.
Pero posiblemente uno de los casos más impactantes sea el de los indígenas U’wa, un pueblo originario del este de Colombia, que se opone totalmente a las explotaciones petrolíferas en su territorio.
El pueblo U’wa lo componen cerca de 6.000 personas, que habitan en una extensión de aproximadamente 240.000 hectáreas y, según su concepción de la vida el petróleo y el gas que se ha descubierto en su territorio forman parte de la sangre de su tierra, sagrada para ellos e intocable.
Para esta comunidad los recursos de la tierra no se deben extraer, porque equilibran el planeta y por esa razón se opusieron en su momento a la petrolera norteamericana Occidental Petroleum Company, Oxy, y desde 2002 a la colombiana Ecopetrol.
Los U’wa han utilizado medios legales para evitar la actividad de las petroleras acudiendo al Ministerio del Interior y de Medio Ambiente, a la Presidencia de la República y a la Defensora del Pueblo, pero no han conseguido que se respeten sus derechos como indígenas a pesar de estar contemplados específicamente en la constitución colombiana.
El conflicto llegó a tal nivel que se han producido muertes de líderes y se ha llegado a involucrar a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC y se acusó a los U’wa de actuar presionados por la guerrilla.
Ante la desesperación de este pueblo, no vieron otra salida que amenazar con un suicidio colectivo, emulando aquel que alrededor de 1540, en los años de la conquista, los mismos U’wa llevaron a cabo despeñándose por un abismo por la invasión de la civilización blanca.
Situaciones como las que han vivido y viven pueblos como los Yukpa, los U’wa e historias personas como la de Margarita son más frecuentes de lo que se suele pensar.
Alrededor de 43 millones de indígenas viven en Latinoamérica en más de 500 pueblos distintos suponiendo el 7.6% de la población total del continente.
Generalmente, los pueblos indígenas de todas las regiones del mundo viven en tierras que disponen de una gran riqueza en recursos naturales. Sin embargo, siguen siendo las comunidades más vulnerables.
Muchos de estos territorios sin explotar son considerados por los gobiernos y multinacionales como grandes oportunidades de crecimiento económico y beneficios. Intereses que entran en conflicto directo con la relación de los pueblos indígenas con sus tierras, elemento esencial de sus religiones, cultura y estilos de vida.
Frente a estos pueblos se encuentran las industrias extractivas tales como las prospecciones petrolíferas, la extracción de minerales y gas, las multinacionales madereras y las empresas dedicadas al monocultivo y las represas que amenazan la estabilidad de estas comunidades.
Son industrias especialmente perjudiciales y problemáticas para los pueblos indígenas ya que los grandes proyectos que llevan a cabo amenazan sus hábitats poniendo en peligro el Medio Ambiente, la cultura y la lengua, sus modos de vida y en mucha ocasiones provoca el desplazamiento forzado y un incremento de la pobreza.
Contra estas corporaciones, se encuentran diferentes grupos de activistas indígenas que luchan debido a lo que consideran una cuestión de justicia medioambiental y responsabilidad social. Pero enfrentan graves problemas por defender sus comunidades ya que en muchas ocasiones se enfrentan a decisiones gubernamentales.
Pero institucionalmente cuentan con el apoyo de organismos como la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En el año 1982, la Subcomisión de Derechos Humanos creó un Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas para centrarse en el ámbito de los derechos de los pueblos indígenas.
El Consejo de Derechos Humanos aprobó el 29 de junio de 2006 la Declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas y recomendó su aprobación por la Asamblea General, que así lo hizo el 13 de septiembre de 2007.
Con la declaración sobre los derechos de los pueblos Indígenas se establecen sus derechos a la cultura, la identidad, e1 idioma, la salud o el empleo y se insta a todas las naciones a respetar e1 derecho de estas comunidades a mantener sus instituciones y tradiciones y promover su desarrollo de acuerdo con sus aspiraciones y necesidades.
El estado es un actor principal en este conflicto, ya que es el encargado de legislar y establecer medidas de control y prescriptivas sobre estas industrias.
Cierto es que la actividad llevada a cabo por las industrias extractivas es primordial para el desarrollo de las economías en América Latina, pero se deben llevar a cabo unas políticas que beneficien a todas las partes implicadas.
En esta pugna de multinacionales, gobiernos y comunidades, que como señala la son los pueblos indígenas son únicamente ellos tienen quienes derecho a decidir su propio futuro.
