La doble moral frente a los menores: cuando los derechos humanos se vuelven selectivos.
La Hiena Cepeda firma acuerdos de reclutamiento y después....
Existe una contradicción que merece ser examinada con rigor: mientras algunos sectores de la izquierda política denuncian permanentemente supuestas violaciones de derechos humanos cometidas por la Fuerza Pública durante operaciones contra estructuras armadas ilegales, guardan silencio —o relativizan— frente al reclutamiento y utilización de menores por parte de organizaciones insurgentes y narcotraficantes.
Los derechos de los niños no pueden depender de quién empuña el arma ni de la ideología de quien denuncia.
Si un menor es reclutado, adoctrinado, armado y utilizado por una estructura ilegal, no deja de ser víctima porque pertenezca a las filas de una organización insurgente. Precisamente por su condición de menor, el Estado debe protegerlo y las organizaciones armadas deben responder por haberlo instrumentalizado.
La discusión sobre el uso legítimo de la fuerza tampoco puede plantearse ignorando esa realidad. Cuando integrantes de grupos armados ilegales utilizan menores en zonas de combate, la Fuerza Pública enfrenta una situación operacional y jurídica particularmente compleja. Eso no elimina la obligación de respetar el Derecho Internacional Humanitario, pero tampoco puede convertirse en una herramienta para deslegitimar automáticamente toda operación militar o policial contra estructuras armadas ilegales.
La verdadera defensa de los derechos humanos exige coherencia.
No puede condenarse con contundencia una operación de la Fuerza Pública y, al mismo tiempo, minimizar el crimen de quienes reclutan niños. No puede hablarse de protección de la niñez mientras se tolera políticamente a quienes convierten a menores en instrumentos de guerra.
Los derechos humanos no pueden ser una bandera selectiva ni un mecanismo de propaganda.
Un niño reclutado por un grupo armado no es un combatiente descartable: es una víctima. Y quien lo recluta, lo arma y lo utiliza debe responder ante la justicia.
Colombia necesita una defensa de los derechos humanos que sea universal, no ideológica; una política de paz que no termine legitimando a quienes continúan utilizando la violencia; y una Fuerza Pública con capacidad para proteger a la población y enfrentar a las organizaciones armadas dentro de la Constitución, la ley y el Derecho Internacional Humanitario.
La paz no puede construirse sacrificando a los niños. Y los derechos humanos no pueden defenderse solamente cuando políticamente conviene.
JRoU
Ministerio De Defensa Nacional
Abelardo De La
ONU Derechos Humanos - América del Sur
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JR