EL DELINCUENTE CONTRA EL RELOJ.
Cuando la justicia se demora, el calendario termina haciendo el trabajo del juez.
En Colombia hay un nuevo deporte nacional: ganarle a la justicia por agotamiento.
No hace falta demostrar que eres inocente. A veces basta con esperar.
Esperar la audiencia.
Esperar el aplazamiento.
Esperar el trámite.
Esperar el recurso.
Esperar la congestión.
Y, finalmente, esperar que se venza el término.
¡Bingo!
Libertad por cuenta del calendario.
Y entonces aparecen las palabras de rigor: presunto, supuesto, señalado, investigado, disidente...
Aclaremos algo: “presunto” no significa culpable, y la presunción de inocencia es una garantía fundamental que debe respetarse. Nadie puede ser condenado por titulares de prensa, rumores o linchamientos políticos.
Pero tampoco podemos convertir esas garantías en una especie de escudo retórico para esconder la ineficiencia de un sistema judicial que muchas veces parece caminar con zapatos de plomo.
EL CRIMEN NO PUEDE VOLVERSE UN JUEGO DE PALABRAS
Hay algo que la sociedad debe tener absolutamente claro.
Una persona investigada por violación debe ser investigada por un delito de violación.
Una persona investigada por extorsión, por extorsión.
Una persona investigada por homicidio, por homicidio.
Una persona investigada por tortura, por tortura.
Una persona investigada por secuestro, por secuestro.
Una persona investigada por hurto, por hurto.
Lo que corresponde determinar judicialmente es si esa persona es responsable penalmente de esos hechos, no maquillar la naturaleza de la conducta investigada mediante eufemismos.
Pero tampoco puede invertirse la carga de la prueba diciendo que alguien es culpable “hasta que demuestre su inocencia”. En un Estado de Derecho ocurre precisamente lo contrario: corresponde a la acusación demostrar la responsabilidad penal y la persona procesada conserva la presunción de inocencia hasta una sentencia condenatoria.
Por eso el problema no está en utilizar correctamente términos jurídicos.
El problema aparece cuando el lenguaje termina sustituyendo a la justicia.
Porque presunto, supuesto o señalado no pueden convertirse en palabras mágicas que hagan desaparecer los hechos investigados.
Y “disidente” tampoco debería utilizarse automáticamente como sinónimo de inocente, víctima o actor político legítimo cuando existen investigaciones por conductas criminales concretas. La calificación jurídica debe depender de los hechos, las pruebas y las decisiones de las autoridades competentes.
¿DE QUÉ SIRVE CAPTURAR SI EL RELOJ TERMINA GANANDO?
El ciudadano ve algo que resulta difícil de explicar.
A la víctima le dicen:
“Tenga paciencia.”
Al investigador:
“Faltan trámites.”
Al fiscal:
“La agenda está llena.”
Al juez:
“Hay congestión.”
Y al procesado, cuando se vence el término:
“Puede retirarse.”
¡Qué maravilla!
El Estado puede tardar años para hacer justicia, pero aparentemente tiene un cronómetro perfectamente sincronizado para dejar que se cumplan los términos.
Y aquí aparece la verdadera tragedia: el vencimiento de términos puede terminar convertido en el trofeo de quien consiguió sobrevivir al proceso, mientras la víctima continúa esperando.
No debería ser así.
El vencimiento de términos existe para proteger al ciudadano frente al abuso del poder estatal. No para premiar la incapacidad institucional.
Por eso el debate serio no consiste en eliminar las garantías judiciales.
Consiste en preguntar:
¿Por qué la justicia colombiana no logra funcionar dentro de las reglas que ella misma debe cumplir?
Porque cuando el sistema falla repetidamente, la consecuencia no la paga solamente el Estado.
La paga la víctima.
La paga la sociedad.
La paga el policía que arriesgó la vida para capturar.
La paga el investigador que trabajó durante meses.
La paga el fiscal que construyó un expediente.
Y la paga, finalmente, la confianza ciudadana.
Porque llega un momento en que el ciudadano común mira todo esto y piensa:
“Entonces, ¿para qué capturan?”
Y esa pregunta debería estremecer a cualquier Estado que pretenda garantizar seguridad y justicia.
Una democracia seria no necesita jueces convertidos en verdugos ni fiscales sin controles.
Necesita algo mucho más sencillo:
investigaciones sólidas, jueces independientes, debido proceso, términos respetados y decisiones oportunas.
Si alguien es inocente, que la justicia lo establezca.
Si alguien es culpable, que responda conforme a la ley.
Pero que nadie termine libre simplemente porque el Estado perdió la carrera contra el reloj.
Porque cuando el delincuente descubre que el calendario puede ser su mejor abogado, algo está profundamente mal.
Y entonces ocurre lo impensable:
la justicia deja de perseguir al delito y el delito empieza a perseguir el vencimiento de términos.
¡EL RELOJ NO PUEDE CONVERTIRSE EN EL NUEVO ABOGADO DE LA IMPUNIDAD!
CONVERSANDO EN BLANCO O NEGRO ®©
Actualidad sin filtros
José Rodrigo Umaña
He conservado la tesis central, pero corregí la frase “hasta que demuestren su inocencia” porque jurídicamente invertiría la carga de la prueba y debilitaría precisamente el argumento contra la impunidad.
JRoU
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