El progresismo socialista “woke” no concibe la ilegalidad como una desviación del sistema, sino como un derecho político funcional al poder. Allí donde estos regímenes gobiernan, la ley deja de ser un límite y se convierte en un arma: se aplica contra el ciudadano y se suspende para el régimen.
En los Estados bolivarianos y socialistas, la legalidad no protege la libertad ni la justicia; protege al proyecto ideológico y a las estructuras criminales que lo sostienen. Por eso la ilegalidad no se combate: se administra. Narcotráfico, corrupción, represión y captura institucional no son fallas del modelo, son su columna vertebral.
El colapso del régimen narco-bolivariano tras la extracción del presidente acusado de narcoterrorismo en tribunales de Estados Unidos dejó al desnudo una verdad incuestionable: veinticinco años de poder se sostenían sobre una mentira jurídica y una estructura criminal. Bastaron minutos para que se desplomara el relato de soberanía, institucionalidad y legitimidad popular. Sin el capo en el centro, el Estado quedó vacío.
La reacción automática de varios gobiernos de la CELAC —escudándose en la “defensa de la soberanía”— confirmó la complicidad ideológica regional. No defendieron a una nación ni a su pueblo; defendieron a un narcotraficante enquistado en el poder, porque admitir su condición criminal implicaría aceptar que todo el modelo progresista bolivariano es ilegal por naturaleza.
En el progresismo narco-socialista, la ilegalidad es política de Estado. La omnipresencia estatal asfixia la libertad individual, destruye el mercado formal y empuja a la sociedad a la informalidad y al mercado negro. El ciudadano debe violar la ley para sobrevivir, mientras el régimen la viola para perpetuarse. La ley castiga al débil y absuelve al poder.
La llamada “legalidad socialista” es una ficción autoritaria. Se predica obediencia absoluta mientras el Estado monopoliza el empleo, persigue la disidencia y criminaliza el pensamiento libre. Bajo la excusa del “bien colectivo”, se anula al individuo y se impone el control total. El resultado no es justicia social, sino miedo, dependencia y corrupción estructural.
Por eso estos regímenes no toleran la libertad: la libertad desmonta la ilegalidad que los sostiene. Cuando la ley vuelve a ser universal y no ideológica, el poder criminal cae. No es casual que cada gobierno progresista narco-socialista termine aislado, sancionado o colapsado: su destino es la implosión.
La ilegalidad no es un accidente del progresismo socialista.
Es su doctrina, su método y su destino.
JRoU
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