Crisis y polarización social en Colombia.. JRoU

Crisis y polarización social en Colombia: cuando el Estado abdica y el crimen ocupa el poder.

Colombia atraviesa una de las etapas más delicadas de su historia reciente. La polarización social no es un fenómeno espontáneo ni exclusivamente cultural: ha sido inducida desde el poder, alimentada por un discurso oficial que divide, estigmatiza y relativiza el crimen, mientras debilita las instituciones encargadas de garantizar el orden constitucional.

Hoy el país vive una crisis de autoridad moral y legal del Estado. Cuando el gobierno tolera, justifica o negocia políticamente con estructuras criminales, el mensaje que se envía a la sociedad es devastador: la ilegalidad paga y la ley es negociable. En ese vacío, el crimen organizado —narcotráfico, economías ilícitas, grupos armados— no solo sobrevive, sino que gobierna territorios, impone normas y sustituye al Estado.

La polarización ha sido utilizada como herramienta política. Se ha dividido a los colombianos entre “buenos” y “enemigos”, entre “pueblo” y “opositores”, entre “causas sociales” y “defensores del orden”. Esta narrativa maniquea fractura el tejido social, erosiona la confianza ciudadana y convierte el debate democrático en confrontación permanente. El resultado es una sociedad cansada, desconfiada y enfrentada consigo misma.

El debilitamiento de la Fuerza Pública, la deslegitimación de la justicia y el ataque sistemático a los contrapesos institucionales no son hechos aislados: responden a una lógica de poder que necesita un Estado débil para sostener alianzas oscuras. Allí donde el gobierno no ejerce autoridad, el crimen llena el espacio; donde no hay ley, manda la violencia; donde no hay Estado, reina el miedo.

Las consecuencias son visibles: aumento de la inseguridad, expansión del narcotráfico, control territorial por actores ilegales, persecución política encubierta, censura moral y una ciudadanía cada vez más vulnerable. La “paz” sin justicia ni sometimiento real de los criminales se convierte en impunidad institucionalizada, y la impunidad es la antesala de más violencia.

Colombia no necesita más discursos ideológicos ni polarizantes. Necesita orden constitucional, autoridad legítima, justicia independiente y un gobierno que gobierne para todos, no para estructuras criminales ni minorías radicalizadas. La reconciliación verdadera solo es posible cuando la ley se cumple, el crimen se combate sin ambigüedades y el Estado recupera su función esencial: proteger a los ciudadanos, no pactar con sus verdugos.

La historia es clara y severa: cuando el crimen gobierna, la democracia retrocede. Y cuando la sociedad lo normaliza, el país entero paga el precio.

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