pero sin alarmismos guerreristas. JR

SIN ALARMISMOS GUERRERISTAS...

Mirar y leer la declaración de Iván Márquez, Jesús Santrich y las disidencias de las FARC con preocupación, pero sin alarmismos guerreristas.

Es un anuncio de retorno a la guerra por incumplimiento de un acuerdo de paz que debe llamar la atención del gobierno nacional y generar una preocupación mayor entorno al cumplimiento del mismo en los puntos que son cruciales para su materialización efectiva.

La declaración no dice nada que en materia de implementación del acuerdo no sea cierto y que no esté sentado en los informes de la comisión de acompañamiento y verificación de Naciones Unidas  y en otros informes que las organizaciones que hacen seguimiento han dado a conocer en otras ocasiones.

El concepto de simulación en el cumplimiento del acuerdo es muy importante poderlo definir, precisar y tratar adecuadamente en el ámbito institucional, académico y político porque pesa en la percepción del proceso de implementación.

Constituye un pronunciamiento qué define desde el inicio un modelo de guerra absolutamente distinto al que durante 60 años desarrollaron las FARC y que busca sobre la base de la experiencia superar la agresión a la población civil en los territorios y afectar la economía de los mismos

En el pronunciamiento se define que los enemigos no lo constituyen los miembros de la fuerza pública, ejército y policía, sino una clase política corrupta que no ha entendido las necesidades de cambio económico y social y de  la cultura política de  ampliación y  profundización de la democracia,  como necesidad urgente en el camino de la consolidación de La Paz.

El modelo de economía de guerra anunciado,  fundamentalmente se erige sobre el desarrollo de las economías ilegales, particularmente de la minería y el narcotráfico, y sobre las grandes empresas transnacionales que explotan los recursos en el país.

Toma como fundamento de la nueva propuesta aspectos que tienen que ver con la protección del medio ambiente y de los recursos estratégicos de la nación sobre todo los que involucran  procesos económicos que afectan recursos como el agua, por eso, el Fracking es objetivo de guerra de esta  disidencia.

Es una propuesta de guerra flotante que se mueve entre la acción política y social y operativos militares que se dirigen contra objetivos económicos y políticos claramente determinados.

Hay una renuncia, en la declaración, a la práctica abominable del secuestro cuando se constituye en el fundamento de economía de guerra y tiene en lo esencial propósitos económicos, pero se percibe y extrapola que las retenciones políticas pueden ser un aspectos a desarrollar en el futuro.

Llama la atención la afirmación  que se hace en relación con las posibilidades de conversar con sectores de la economía nacional, industriales, comerciantes agricultores en torno a su compromiso con el desarrollo social y territorial efectivo.

El tema del incumplimiento de acuerdos es abordado en una perspectiva histórica que se retrae hasta la revolución de los comuneros y estos aspectos pesan en el marco de una cultura de incumplimiento que no ha logrado superarse a través del desarrollo de 200 años de la historia de la república.

Dadas las particularidades que tiene actualmente la confrontación en relación con el crecimiento de la capacidad operativa de las fuerzas militares y de policía este modelo de  guerra las hace  fundamentalmente una guerrilla política con prácticas militares centradas en operativos específicos, pero sin los alcances territoriales de las antiguas FARC.

El discurso no se aleja de los fundamentos programáticos tradicionales de la guerrilla de las Farc en términos de la reivindicación de los derechos de los sectores populares en torno a la vida, la salud, la educación, la vivienda derechos fundamentales todos por los cuales se levantan los movimientos sociales y populares.

Aunque se concibe como un segundo Manifiesto de Marquetalia debe ser leído de manera distinta en razón de que el origen de esta declaración está centrado en la argumentación del  incumplimiento del acuerdo y no en una ofensiva militar que los obliga la autodefensa.

Es una responsabilidad, de una obligación superior, del Estado cubrir de todas las garantías de seguridad y de participación democrática en el  escenario institucional al partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común que ha permanecido y ha cumplido con lo pactado en el acuerdo.

Las relaciones de esta disidencias con organizaciones como el ELN son importantes pero no representan un proceso distinto al que ya se había venido dando desde los tiempos de la coordinadora guerrillera,  resulta preocupante, eso sí,  el involucramiento de estas disidencias  en el proceso venezolano pues justifica de alguna manera la actitud de hostigamiento permanente que el gobierno hace al vecino país.

Soy del criterio  que es necesario que el gobierno asuma a plenitud la voluntad política institucional de avanzar en la construcción de una paz estable y duradera,  supere la práctica de simulación en la implementación del acuerdo,  asumiendo de manera franca, directa y puntual los componentes del mismo en materia de desarrollo rural, participación política, cultivos de uso ilícito  atención a víctimas y reincorporación de excombatientes.

No es posible construir una paz estable y duradera si el gobierno sigue pensando que es necesario tener un enemigo para poder gobernar una nación; si no retoma las conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional en la Habana- Cuba y abre espacios con garantías para el sometimiento de distintos actores de la violencia, a la institucionalidad política y democrática de la nación.

Carlos Medina Gallego. Historiador y politólogo.
29 de agosto 2019