Historia del aborto en Estados Unidos
Antes de la Independencia de los Estados Unidos apenas existían leyes sobre el aborto inducido y su penalización aplicándose el derecho anglosajón (common law) que, básicamente establecía que el aborto era aceptable y legal si se producía con anterioridad a que la madre sintiera el feto (quickening). Después de la Independencia aparecieron distintas leyes en la década de 1820: 1821 en Connecticut legislando sobre el suministro de abortivos a los farmeceúticos; en Nueva York penalizando la práctica del aborto inducido.
Muchas de las primeras feministas, entre ellas Susan B. Anthony y Elizabeth Cady Stanton se posicionaron en contra del aborto ya que lo consideraban la culminación de una serie de agresiones a la mujer y a su falta de independencia real que, para ellas había que corregir. Entonces una mujer debía poder rechazar las relaciones sexuales con su marido -de las que se derivaba el embarazo no deseado y el aborto-; no había ley que protegiera a la mujer de violación del marido y las mujeres de escasos recursos se encontraban sin la menor independencia para el divorcio y el rechazo de las relaciones sexuales. Legalizar el aborto era para algunas de las primeras feministas resolver un problema sin modificar su causa.
Durante la década de 1860 aumentó la legislación penalizando y criminalizando el aborto; en 1900 el aborto era ilegal en numerosos estados aunque algunos incluían supuestos que permitían el aborto en circunstancias limitadas, por lo general para proteger la vida de la mujer o los embarazos por violación o incesto. A pesar de la penalización el aborto continuó durante el siglo XX haciéndose su práctica muy insegura al considerarse ilegal. En numerosos casos la vida de la mujer corría peligro llegándose a su muerte, como en el caso de Gerri Santoro de Connecticuten 1964.
Antes de la sentencia caso Roe contra Wade había excepciones a la prohibición del aborto en al menos 10 estados -por violación, peligro para la madre e incesto-.
[editar]Aprobación de los métodos anticonceptivos Artículo principal: Caso Griswold contra Connecticut.
En 1965, la decisión, por 7 votos a favor y 2 en contra, de la Corte Suprema de Estados Unidos en el Caso Griswold contra Connecticut, sentenció que la Constitución de los Estados Unidos protegía el derecho a la privacidad (Privacy laws of the United States) y por tanto declaró inválidas las leyes de los diferentes estados que violaban el derecho a la privacidad marital que garantizaba el acceso y la administración de anticonceptivos.
En 1965 el Colegio estadounidense de obstetras y ginecólogos (ACOG-American Congress of Obstetricians and Gynecologists) asumió la posición defendida por Bent Boving en 1959 quien consideraba que la concepción comenzaba en la implantación del embrión y no cuando se producía la fecundación. Este informe médico cambió la categoría de algunos de los métodos anticonceptivos que hasta entonces habían sido considerados métodos abortivos cuando actuaban antes de la implantación del embrión en el útero.
[editar]Caso Roe contra Wade 1970-1973
En 1970, las abogadas Linda Coffee y Sarah Weddington, presentaron una demanda en Texas representando a Norma L. McCorvey ("Jane Roe") reclamando el derecho al aborto inducido por violación. Aunque el Fiscal de distrito del Condado de Dallas, Texas, Henry Wade -quien representaba al Estado de Texas- se oponía al aborto, finalmente el Tribunal del distrito falló a favor de Jane Roe, pero sin establecer cambios en la legislación sobre el aborto inducido de Estados Unidos.
"Jane Roe" dio a luz a su hija -a quien dio en adopción- mientras el caso aún no se había decidido.
[editar]Decimocuarta enmienda; derecho a la privacidad como derecho fundamental
El caso fue apelado en reiteradas ocasiones hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia de los EEUU que, finalmente, en su resolución de 22 de enero de 1973, estableció que la mujer tiene el derecho a la libre elección -entendida como "derecho a la privacidad o intimidad"- que protegería la decisión de llevar o no llevar un embarazo a término. Según la sentencia el derecho de privacidad se derivaba de la cláusula de debido proceso de la Decimocuarta Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. La Corte clasificó este derecho como fundamental por lo que toda violación de ese derecho fundamental a la privacidad por parte del gobierno debería estar justificada.
La resolución del caso Roe v. Wade, 410 U.S. 113 (1973) se considera histórica en materia de aborto inducido ya que, por su jerarquía, anuló las leyes que penalizaban el aborto en los distintos estados e impedía legislar en su contra ya que podía ser considerado como violación delderecho constitucional a la privacidad amparado en la cláusula del debido proceso de la décimocuarta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. La decisión obligó a modificar todas las leyes federales y estatales que proscribían o que restringían el aborto y que eran contrarias con la nueva decisión..
[editar]Caso Doe contra Bolton - 1973
Si el contenido esencial de la sentencia de la Corte Suprema del caso Roe contra Wade era que el aborto debe ser permitido a la mujer, por cualquier razón, hasta el momento en que el feto se transforme en viable, es decir, sea potencialmente capaz de vivir fuera del útero materno, sin ayuda artificial, la sentencia del caso Doe contra Bolton publicada el mismo día 22 de enero de 1973, estableció que el aborto inducido debe ser legal cuando sea necesario para proteger la salud de la mujer.
[editar]Datos sobre el aborto en Estados Unidos
La comunicación a las autoridades sanitarias y estadísticas de la práctica de abortos no es obligatoria en Estados Unidos por lo que las estadísticas son aproximadas y elaboradas proyectadas partiendo de los casos reportados sobre el total de la población. El Centers For Disease Control (CDC) recopila regularmente las estadísticas sobre el aborto inducido.
Según el CDC y el Instituto Guttmacher, desde el año 1973 hasta 2008, se habrían practicado unos 50 millones de abortos legales en Estados Unidos.
El aborto inducido puede realizarse mediante medicamentos o con intervención quirúrgica. En Estados Unidos el porcentaje de abortos realizados con medicamentos (medical abortion) sobre el total de abortos ha aumentando desde la aprobación de la mifepristona: 1.0% en el año 2000, 2.9% en 2001, 5.2% en 2002, 7.9% en 2003, 9.3% en 2004, 9.9% en 2005, 10.6% en 2006, 13.1% en 2007.
El aborto en Estados Unidos: la doble moral
El 22 de enero de 1973 vio la luz la sentencia Roe v. Wade, en la que el Tribunal Supremo de Estados Unidos definió el aborto como derecho constitucional. En aquella sentencia, el Tribunal Supremo dictaminó que la mujer tiene derecho a abortar en los primeros meses de embarazo, reconociéndolo un derecho constitucional derivado del más general “derecho negativo a la privacy”, protegido, según los jueces, por la Primera Enmienda. Sin embargo, esta liberal postura ha sido, poco a poco, mermada por distintas sentencias y lecturas, llegándose un auténtico mosaico legislativo, con diversos grados de restricción sobre el derecho a abortar.
La decisión del Tribunal Supremo de 1973 suprimió las barreras al aborto establecidas en las legislaciones de los distintos Estados. No se trataba, por tanto, de una despenalización en determinados supuestos, como en la mayor parte de las legislaciones europeas, sino de un derecho constitucional inviolable, que las leyes penales de los Estados deben respetar, sin limitar su ejercicio.
Es un derecho constitucional y, por lo tanto, el poder legislativo (tanto el federal como los federados) debe respetarlo. A pesar de esto, algunos Estados comenzaron a limitarlo, por ejemplo, mediante la exigencia del consentimiento paterno y/o materno cuando la embarazada es menor de edad.
Esto sucede ya en la mayoría de los Estados, aunque se dan situaciones fraudulentas: madres del estado de Misissippi (donde es necesario el consentimiento de ambos padres) que llevan a sus hijas a Alabama (donde basta el de uno sólo). Muy extendida está también la exigencia legal de petición de consejo a un especialista, que muchas veces incluye un período de reflexión previo a la decisión de abortar. En un tercio de los Estados ha quedado limitada también la financiación pública de los abortos.
La influencia de un Replublicano llamado Bush
El movimiento pro vida en Estados Unidos avanzó con fuerza apoyado por la llegada de Bush a la Casa Blanca. Mientras pensaba en intervenciones militares en distintos países, el Presidente norteamericano, dentro del suyo promovió “iniciativas a favor de la vida” como por ejemplo el declarar el 22 de enero como Día Nacional de la Santidad de la Vida Humana.
Muestra de esta influencia son los hechos producidos en el ámbito legislativo estadounidense. El 25 de septiembre del 2002, la Cámara de Representantes del Congreso aprobó un proyecto de ley que amplía los márgenes de la objeción de conciencia de médicos, seguros e instituciones sanitarias. La ley permite que los hospitales se nieguen a realizar abortos y las compañías de seguros a pagarlos sin que pierdan la financiación federal.
Esta cláusula favorece que los hospitales católicos y otros opuestos al aborto no se vean obligados a realizarlos por imperativo legal. En el 2004 el Tribunal Supremo de EE.UU. sentenció como constitucional la ley aprobada por el Congreso y firmada por el presidente Bush en 2003 que prohíbe el aborto por “nacimiento parcial”, procedimiento que se lleva a cabo en gestaciones avanzadas y que supone la decapitación del feto. La sentencia, aprobada por una mayoría de 5-4, supuso un hito en la historia del aborto legal en Estados Unidos, ya que era la primera vez desde la despenalización del aborto en 1973 que el máximo órgano judicial del país da luz verde a una ley que lo prohíbe en algún caso, aunque hubiera admitido ciertas restricciones (por ejemplo, exigir la notificación a los padres antes de que aborte una menor).
Según una encuesta citada por el Herald Tribune, un 40% de los norteamericanos consideran que el aborto debe ser legal; un 20% está en contra, y un 40% piensa que debe someterse a límites más estrictos. Existe también un amplio movimiento social que trabajó para lograr la despenalización del aborto y que lucha para no perder los derechos adquiridos. Entre otras organizaciones destacan la APPF (Federación Americana de Planificación Familiar) y la Fundación Mayoría Feminista.
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JR