En Colombia, el debate ya no es ideológico sino ético. Mientras el país enfrenta problemas reales de seguridad, corrupción y debilitamiento institucional, parte del discurso político insiste en justificarse bajo la bandera de la “justicia social”, incluso cuando sus decisiones generan efectos contrarios.
Se vuelve preocupante cuando desde el poder se minimizan delitos, se relativiza la gravedad de alianzas cuestionables o se envían mensajes ambiguos frente a grupos al margen de la ley. La justicia social no puede ser un pretexto para la impunidad ni una narrativa que excuse el deterioro del Estado de derecho.
No se trata de rechazar una ideología por su nombre, sino de exigir coherencia: ningún proyecto político puede llamarse democrático si tolera la corrupción, ni puede llamarse social si termina afectando a los mismos ciudadanos que dice proteger.
Colombia no necesita discursos que justifiquen errores; necesita liderazgo que asuma responsabilidades, respete la ley y fortalezca las instituciones.
Razonamiento
En Colombia no falta ideología, falta coherencia.
La justicia social no puede ser excusa para la impunidad.
Quien relativiza el crimen desde el poder, traiciona al país.
No hay cambio cuando se tolera lo mismo que se criticaba.
El discurso puede ser social, pero los hechos son los que cuentan.
JRoU
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JR